7,5 millones de pensionistas pagan ya por sus medicamentos. País Vasco no aplica el copago y Cataluña lo ha retrasado unos meses
El nuevo copago farmacéutico se ha estrenado con resistencia. La medida, por la que por primera vez más de 7,5 millones de pensionistas españoles –los de País Vasco, donde un real decreto ha evitado la medida, seguirán teniéndolos gratis— pagan por sus medicamentos y que establece un nivel de aportación según la renta, llegó ayer entre las dudas de los pacientes y las quejas de los farmacéuticos, los verdaderos ejecutores de la iniciativa. Con ella, el Gobierno de Mariano Rajoy busca lograr un ahorro de hasta 165 millones de euros.
Así, desde hoy jubilados, perceptores de pensiones de viudedad y de invalidez (todos los pensionistas, excepto aquellos que reciban una pensión no contributiva) tendrán que pagar un 10% del precio de los medicamentos. Eso sí, con un tope mensual de entre 8 y 60 euros. En la mayoría de comunidades, sin embargo, tendrán que abonar ese 10% completo. Todo lo que supere ese tope de aportación se les devolverá en un plazo de seis meses. Los trabajadores en activo también pagan en función de su renta (un 40%, 50% o 60%)
Porcentajes y cifras que no han hecho sino sembrar dudas entre los ciudadanos. “La verdad es que hasta ahora no sé cuánto voy a tener que pagar”, explicaba esta mañana una mujer de unos 50 años en una farmacia del centro de Madrid. Sus tres recetas son del viernes, pero no ha pasado a retirar la medicación hasta hoy. Y como esta trabajadora, muchos activos desconocen si deberán pagar un 40% (el mismo porcentaje que antes pagaban todos y que ahora abonarán aquellos que ganen menos de 18.000 euros), un 50% (quien gane entre 18.000 y 100.000) o un 60% (de 100.000 en adelante). “Estamos haciendo más de informadores de la reforma sanitaria que de farmacéuticos”, se quejaba Roberto, el farmacéutico.
Ese nerviosismo de los boticarios, los verdaderos ejecutores de la medida cuando los ciudadanos llegan con sus prescripciones, era común en todos los puntos de España a pesar de que los domingos solo abren las farmacias de guardia y únicamente se prescribe en algunos centros de salud de urgencias y hospitales. “A partir de mañana lunes no quiero pensar lo que se nos viene encima”, suspiraba Roberto. "Los clientes están cabreados, y nosotros también", asegura otra farmacéutica de Arganda (Madrid). “Vienen con sus recetas y se llevan un susto con los nuevos precios. Y muchos de ellos están jubilados o en el paro. Y nosotros no podemos hacer nada, ya que el sistema informático nos informa en qué grupo están", dice.
En las farmacias catalanas, donde desde hace 10 días se aplica una tasa de un euro por receta, el día está siendo bastante confuso. La Generalitat ha pospuesto la puesta en marcha del sistema de copago farmacéutico según renta por problemas técnicos, y las autoridades prevenían salvar la medida entregando a los ciudadanos una factura en la que se les informara de la cantidad pendiente de pago. Sin embargo, no es eso lo que han entregado hoy las boticas catalanas, que solo han proporcionado a los compradores un ticket que incluye la cantidad abonada por los medicamentos. Como si fuera una factura normal.
“Le doy este tique, porque dentro de unos meses el Estado español pasará cuentas con usted”, ha repetido esta mañana una y otra vez Carmen Buxalleu, trabajadora de la farmacia Vàlls, de Barcelona. “Pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni donde”, asegura su dueña, María Vàlls. El viernes el Servicio Catalán de Salud informó de que el cobro se realizaría en las farmacias a partir de agosto en el caso de los ciudadanos activos y de octubre, en el de los pensionistas, algo que tampoco ha sido notificado a los profesionales. “No sabemos nada, es un caos y todo ha sido muy precipitado”, comenta la dueña de una farmacia 24 horas del barcelonés barrio de Sants que no quiso identificarse. “Estamos perdiendo dinero, tenemos descuadrado el stock… esta semana todos hemos tenido que trabajar mucho más”, afirma. La indignación de los farmacéuticos por la atropellada medida se une, además, a una semana llena de problemas e incidencias por las dificultades de la implantación del euro por receta.
Las quejas de los ciudadanos están siendo en Cataluña una constante. “Los catalanes somos tontos y estamos pagando dos veces”, se ha comentado en alusión a la tasa de un euro por receta. “Cada vez que necesitemos algo, acudiremos a urgencias y nos saldrá gratis. Esa es la forma de no pagar por los medicamentos”, comenta un cliente, José Santiago Crespo, mientras abandona una farmacia.
María José tiene 52 años y trabaja en la ONCE en Sevilla desde hace 26 años. Apoyada en un carrito de bebé, porque anda con dificultades debido a su minusvalía, sale de una farmacia de la avenida República Argentina de la capital andaluza hablando consigo misma y haciendo cuentas. “He pagado 1,60 euros por el omeprazol y el tranxilium. Estos medicamentos los tengo yo como crónicos”, cuenta María José. Está enfadada porque aunque a ella no le afecta el nuevo sistema, a su padre, de 83 años, sí. “El hombre cobra 500 euros, es un enfermo crónico de los pulmones y, además, tiene que pagar”, dice indignada. “Nos imponen el medicamentazo, el copago. Se están metiendo en todo”, apuntilla María José. La trabajadora de la ONCE se refiere a la medida de excluir desde agosto a más de 426 fármacos de uso común –desde antiácidos como el almax hasta laxtantes o mucolítico- de la financiación pública.
Andalucía y Galicia son las únicas comunidades autónomas en las que los pensionistas –jubilados, receptores de pensiones de invalidez o de viudedad— solo pagarán hasta ese cupo mensual asignado en función de su renta (de ocho a 60 euros). Su sistema de tarjeta electrónica permite saber cuándo se ha completado esa cantidad. En el resto de España, las autoridades han previsto un plazo de entre tres y seis meses (la mayoría) para devolverles el dinero de más que hayan aportado.
En la Comunidad Valenciana, los pacientes sí tendrán que adelantar el dinero. Y ese es uno de los puntos más conflictivos de la medida. “Aún no ha venido nadie que haya tenido que pagar más de su máximo”, apunta Carlos Redondo, un trabajador de la farmacia de guardia más cercana al Hospital General Universitario de Valencia. “Las quejas vendrán porque nadie confía en cuándo lo devolverán. ¡Fíjate, nosotros aún tenemos que cobrar!”, dice. Y es que el de los farmacéuticos es uno de los colectivos más castigados por la deuda de más de 15.000 millones que atenaza a la sanidad pública. En algunas comunidades, como Castilla-La Mancha o la valenciana han estado muchos meses sin cobrar.
Esperanza, por ejemplo, viene a comprar Enantyum, un antiinflamatorio. Es para su padre, Amancio, un pensionista de 81 años. Le toca pagar 66 céntimos. “No es demasiado, pero es que él ya ha pagado todo lo que tenía que pagar”, protesta. “Y este, además, en agosto sale del seguro”, le advierte el trabajador. Será uno de los fármacos afectado por el ‘medicamentazo’.
El País Vasco es la única autonomía donde no se ha implantado el nuevo sistema de copago farmacéutico. Un decreto aprobado por el Gobierno vasco esta semana dicta que en esa comunidad sigue vigente el sistema de copago antiguo (40% para los activos y nada para los pensionistas); aunque se incorpora la parte de la reforma sanitaria que marca que los parados que hayan agotado su prestación no pagan nada por sus fármacos.
En Euskadi, sin embargo, sí se aplicará el copago a personas residentes en otras comunidades que acudan con recetas. Las farmacias vascas, por tanto, deberían tener ajustado ya su sistema informático para poder cobrar a los que llegan de fuera el porcentaje adecuado a su nivel de ingresos. Sin embargo, no en todas las boticas está todavía disponible. “Cruzo los dedos para que no venga nadie de fuera. No sabría lo que tengo que cobrarle. Tendría que llamar a mi jefa”, señalaba una trabajadora de la farmacia Licenciada Elena Timpanaro Orcajada esta mañana.
"No sabemos nada. La pasada semana hubo una reunión con el Colegio [Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia], pero no tengo ni idea de qué decisiones se tomaron. Nosotros no tenemos aún instalado el sistema. A ver mañana”, ha apuntado otro empleado del establecimiento Doctor Llorente. En la farmacia Eguiraun también desconocían qué hacer ante la posible visita de una persona de otra comunidad con una receta. “Hubo una reunión el jueves, pero no hemos tenido tiempo de hacer nada”, ha justificado una de las trabajadoras del negocio.
En términos económicos, el resultado para el País Vasco de no aplicar el copago es que tendrá que asumir tres millones de euros de gasto farmacéutico que hasta ahora pagaban los bolsillos de los 60.000 parados de larga duración y los perceptores de ayudas sociales, que se calculan en torno a las 102.000 personas -algunas de ellas también están en el grupo de quienes llevan en paro más de dos años-. A ello, se sumará el no-ahorro del copago, que según los cálculos del Departamento de Sanidad, de haber sido aplicado, hubiese supuesto 33 millones menos de gasto en farmacia.
Con información de Tono Calleja (Madrid), Alberto G. Palomo (Valencia), Pilar C. Casi (Barcelona) Ania Elorza y Luis Mingallón (País Vasco), Silvia R. Pontevedra (Santiago) y María Centeno (Sevilla).
