Desde el momento de su detención, en 1983, hasta el de su ejecución, seis años después, Carlos de Luna sostuvo siempre su inocencia en el asesinato de Wanda López, del que se le acusaba. Una exhaustiva investigación conducida por el profesor de la universidad de Columbia James Liebmen y publicada ahora en la Human Rights Law Review prueba que tenía razón.
El riesgo de ejecutar a un inocente ha sido siempre uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la pena de muerte en Estados Unidos. Nunca ese riesgo había sido certificado de una forma tan concluyente como en el caso de Carlos de Luna.
Carlos de Luna fue arrestado cuando tenía 20 años por la muerte a puñaladas de la joven empleada de una gasolinera en la ciudad de Corpus Christi (Texas). Las pruebas contra él nunca fueron muy contudentes, pero la causa prosperó gracias a algunas lagunas en la coartada del detenido y a los varios antecedentes policiales de De Luna por diversos delitos menores. El acusado creía conocer al verdadero asesino, a quien había visto en el lugar de los hechos momentos antes del crimen, pero en un principio se negó a revelar su identidad por miedo a represalias.
Cuando finalmente lo hizo, su credibilidad era ya escasa, y la fiscalía no tuvo dificultades en obtener un veredicto de culpabilidad. Pero el principal aliado de la acusación no fue el relato contradictorio de De Luna sino su parecido físico con el auténtico culpable, Carlos Hernández. Varios testigos, probablemente ayudados por la dificultad para distinguir las rasgos físicos de otra razas, confundieron a los dos Carlos e identificaron a De Luna aunque, en realidad, habían visto a Hernández.
Durante años, familiares y periodistas han aportado pruebas, tanto de la inocencia de De Luna como de la culpabilidad de Hernández. Una de ellas fue la confesión de éste último a sus compañeros de prisión en los últimos días de su vida. Después del suceso de Corpus Christi, Hernández fue declarado inocente del apuñalamiento de otro mujer, pero finalmente moriría en prisión en 1999 a causa de una cirrosis.
El profesor Liebmen y su equipo han realizado decenas de entrevistas e investigaciones para unir las piezas del rompecabezas de este caso. El resultado es un trabajo de 400 páginas en el que se muestran todas las evidencias que señalan a Hernández, todas las que descartan a De Luna y los númerosos errores cometidos durante el proceso judicial.
Los familiares que le quedan a De Luna creen que ya es demasiado tarde para reabrir una herida cerrada hace tiempo.
Desde que en 1976 se reinstauró la pena de muerte en Estados Unidos, han sido ejecutadas 1.295 personas, 482 de ellas en Texas. ¿Cuántas más serían inocentes?
