Los editores españoles aplauden la ‘ley Google’ alemana, que obligará a los buscadores de Internet a pagar por los resúmenes de los periódicos
Las relaciones entre los grandes buscadores de Internet y los periódicos han sido siempre tensas. Pero la tirantez puede convertirse en hostilidad. Los medios —impresos o digitales— se quejan de que los motores de la Red hacen negocio con sus informaciones sin recibir a cambio ningún de tipo de contraprestación económica. Alemania quiere acabar con esta situación a través de la llamada ley Google, que obligará a los buscadores comerciales, como el gigante estadounidense, a pagar a diarios y revistas por utilizar sus resúmenes de noticias. Los editores españoles, al igual que los franceses, han acogido con satisfacción la iniciativa alemana, a la que se suman en bloque. Y esperan alcanzar acuerdos como el que selló Google hace cinco años con AFP, la agencia de noticias francesa que demandó al buscador por reproducir sus artículos y fotos.
La ministra de Justicia alemana, la liberal Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), asegura que esta norma permitirá “que los editores perciban una parte apropiada de las ganancias” que obtienen los buscadores de Internet cuando usan fragmentos de contenidos ajenos. Google, en cambio, dice que la ley “perjudicará a todos los usuarios” de la Red, porque entorpecerá “masivamente” el proceso de búsqueda. También diversos grupos de usuarios de Internet han protestado contra la futura ley. Aseguran que coartará la libertad de expresión.
El Gobierno de Angela Merkel tuvo que redactar tres versiones del proyecto hasta que, en los últimos días de agosto, decidió enviarlo al Parlamento federal. Allí, el texto está pendiente de votación y de posibles enmiendas. Google no da la batalla por perdida y remarca que todavía falta el refrendo de los 620 parlamentarios germanos.
Aun con todo, la euforia se ha extendido por Europa. Francia podría seguir los mismos pasos y en España la Asociación de Editores de Diarios (AEDE) ve en la iniciativa del Ejecutivo alemán un instrumento que permitirá “una mayor defensa de la propiedad intelectual” en la Red, un territorio en el que campa a sus anchas la cultura de la gratuidad.
El articulado es todavía bastante escueto e impreciso. Contempla reconocer el derecho de las empresas editoras a exigir cuotas por el uso de parte de sus artículos en los buscadores de noticias como Google News. La tercera versión del proyecto de ley especifica que solo se verán afectados los portales de Internet y los agregadores con ánimo de lucro que para su funcionamiento se sirvan “sistemáticamente” de contenidos editoriales ajenos. Los blogueros privados, por ejemplo, quedarán exentos de la norma. En concreto, la ley persigue que se graven los fragmentos de texto conocidos como snippets: las entradillas de una noticia que sitios como Google News publican debajo del enlace a la noticia original.
Algunos comentaristas entusiastas esperan que la ley suponga “el fin del gratis total” de la propiedad intelectual en Internet. Los portavoces de la federación alemana de editores de periódicos expresan la satisfacción del gremio ante una propuesta “equilibrada” que, según esperan, contribuirá “a afianzar la seguridad legal” para el periodismo en Internet.
También los grupos mediáticos españoles aplauden la medida por cuanto persigue “una mayor defensa” de la propiedad intelectual de los diarios impresos y digitales en la Red. Editorial Prensa Ibérica, por ejemplo, considera que los motores de búsqueda “deben valorar el trabajo periodístico: la noticia confirmada a través de diversas fuentes”. Este grupo (responsable de rotativos como Faro de Vigo, Diari de Girona, Diario de Ibiza o La Opinión de Murcia) sostiene que Google proporciona a diarios y revistas en papel, con ediciones digitales, más de la mitad de su audiencia en Internet. “Los contenidos de estos medios son los más relevantes; más que blogs, portales, etcétera. Está claro que el usuario prefiere cabeceras de prestigio, lo cual favorece el inmenso tráfico de Google”, dice Asunción Valdés, directora general de Relaciones Externas de Prensa Ibérica.
El hecho de que Francia quiera seguir los pasos de Alemania —ve en el proyecto de su vecino “una fuente de motivación e inspiración”— abre la vía a compartir, después de muchos años de abuso por parte de los buscadores, el valor de la información.
Prensa Ibérica confía en que en el marco de la la UE “se encuentren soluciones satisfactorias para ambas partes que respeten la libre competencia y los derechos de propiedad intelectual”, comenta Valdés. En este sentido, vería “con buenos ojos iniciativas del Gobierno español similares a las del alemán o francés”.
El grupo Zeta comparte el fondo pero no necesariamente la forma. “A veces nos obsesionamos con las leyes. Quizá se puede discutir si es más conveniente una ley o un acuerdo”, afirma Albert Sáez, director adjunto de El Periódico de Catalunya, que se inclina por alcanzar pactos con los grandes buscadores. Zeta percibe que si en el mercado ha irrumpido un nuevo operador que está construyendo su negocio con el producto de otro, este “debería ser compensado”. Los medios se benefician de Google (les da visibilidad), pero sin contenidos se paralizaría la navegación en Internet. Para que sea eficaz, Sáez alerta de que la acción debe ser conjunta e “igual para todo el mundo”. “No se entendería”, añade, “que un periódico le diera gratis a Google el contenido a cambio de que lo situara en un lugar preferente”.
En Alemania, la asociación de periodistas DJV considera que “la ley no beneficia a los periodistas”, sino a las editoras. El texto, observan en DJV, solo menciona a las empresas y no a los redactores de los textos. Según el director de la mayor asociación de periodistas de Europa, Michael Konke, los reporteros seguirán indefensos ante los editores que revendan sus trabajos o los publiquen en diferentes plataformas. Konke duda de que los posibles beneficios que obtengan las compañías con esta ley vayan a alcanzar a los periodistas.
Otra de las críticas al proyecto legislativo es que, por su indefinición, podría convertirse en papel mojado. La ley estipula que tendrán que pagar las empresas que “se dediquen de forma especial” a reproducir contenidos ajenos. Este punto tiene el riesgo de que hasta podría dejar a Google fuera de su alcance, porque el gigante estadounidense solo obtiene una pequeña parte de sus ingresos gracias a su portal de noticias.
Pero lo cierto es que Google se ha dado por aludido. Poco después de que el texto entraba en el Parlamento alemán, uno de los portavoces declaraba: “Ha sido un día malo para Internet en Alemania”. La compañía argumentaba que la ley “limitará drásticamente el acceso a la información para los ciudadanos alemanes y llevará a incertidumbres legales y mayores costes para todos”. E invitaba a los parlamentarios a detener el texto antes de que se convierta en ley.
La defensa de la propiedad intelectual y el abuso de posición dominante de Google está en el punto mira de la Unión Europea, que ha conminado al buscador a asumir compromisos para corregir la situación. Su respuesta ha llegado ya a Bruselas, pero ni su contenido ni el balance de la Comisión se han hecho públicos. “Las discusiones con Google siguen a nivel técnico”, dijo a este periódico el viernes Antoine Colombani, portavoz del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia. La UE había amenazado a Google el pasado mayo con una multa millonaria si no modificaba su política de búsquedas y su estrategia publicitaria.
La compañía estadounidense se mueve en la Red como pez en el agua, ajeno a normas reguladoras. “Si los diarios pudieran usar las bases de datos de suscriptores como Google hace con las bases de datos de los correos de sus usuarios podríamos hacer muchas cosas”, comenta el directivo del grupo Zeta.
También hay críticas de principio: las noticias no están protegidas por el copyright. Algunos recuerdan que la información sobre un hecho no puede ser propiedad de una editora. Según un análisis publicado por el digital del semanario Die Zeit, gravar la difusión de enlaces “haría que la noticia, la pura información, se convirtiera en un bien tasable”. La libertad de información se vería encorsetada, según este punto de vista.
La oposición política al proyecto alemán ha llegado, en primer término, del partido de Los Piratas. También los socialdemócratas y Los Verdes han expresado sus dudas sobre su conveniencia. La mayor sorpresa viene, sin embargo, de las propias filas democristianas. Sus Juventudes se oponen a la ley con el argumento de que “torpedea la arquitectura de libre mercado en Internet”. Pero los editores de todo el mundo saben que la información es un producto caro y que los beneficios han de ser compartidos.
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