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sábado, 13 de julio de 2019

EEUU multará a Facebook con 4.430 millones de euros por usar datos de usuarios


La red social habría compartido de manera inapropiada información de 87 millones de usuarios

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha acordado imponer una multa de 5.000 millones de dólares (más de 4.432 millones de euros), la de mayor importe impuesta por la agencia hasta el momento, en el marco de la investigación abierta sobre el uso de datos de los usuarios del gigante tecnológico, según ha adelantado 'The Wall Street Journal'.
La propuesta, aprobada por tres votos a favor y dos en contra, ha sido trasladada al Departamento de Justicia, que se encarga junto a la FTC de hacer cumplir las leyes antimonopolio de Estados Unidos, que deberá decidir si ratifica la decisión.
La FTC abrió una investigación a raíz de las denuncias según las cuales Facebook habría compartido de manera inapropiada información de 87 millones de usuarios con la empresa Cambridge Analytica.
La consultora política británica Cambridge Analytica habría obtenido sin permiso datos personales de usuarios de la red social fundada por Mark Zuckerberg que posteriormente fueron utilizados para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
Las acciones de Facebook han cerrado la jornada tras conocerse la noticia con una subida del 1,8%. Según indicó la compañía a principios de año, esperaba una sanción por esta cuestión de unos 5.000 millones de dólares.
Facebook, junto a otras de los principales gigantes de la tecnología como Amazon, Apple o Google, está inmersa en otra investigación por parte del Gobierno de Estados Unidos por cuestiones de competencia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido un mayor control sobre las compañías de redes sociales, así como de Google, y los ha acusado de reprimir y suprimir las opiniones de conservadores, aunque no ha presentado pruebas algunas al respecto. También ha criticado repetidamente a Amazon por aprovecharse del Servicio Postal de Estados Unidos, también sin pruebas.

sábado, 11 de febrero de 2017

La verificación en dos pasos llega a WhatsApp y deberías activarla cuanto antes


La aplicación de mensajería incorpora esta medida para tratar de aumentar la seguridad de la cuenta


Lo corroboran los expertos: la verificación en dos pasos es la medida que más seguridad proporciona a nuestras cuentas en Internet y los diferentes servicios asociados. WhatsApp ha tardado en incorporarla de forma masiva, pero por fin acaba de anunciar su disponibilidad en Android, iPhone y Windows Phone -conviene recordar que el servicio comenzó a probar esta capa de seguridad en beta en noviembre del año pasado-. La incorporación de la verificación en dos pasos se suma al cifrado de extremo a extremo que fue añadido por el servicio perteneciente a Facebook el año pasado.
¿En qué consiste la verificación en dos pasos? Se trata de una medida de seguridad que WhatsApp ofrece de forma opcional mediante la cual, cuando se quiera activar la aplicación de mensajería en un nuevo móvil (aunque tenga el mismo número de teléfono), se pide al usuario una contraseña que verifique la titularidad de la cuenta. Es decir, que en el eventual caso de que perdamos nuestro número de móvil y lo tenga un nuevo usuario, éste no podría acceder a nuestros WhatsApps porque necesitaría dicha contraseña.
Para activar esta capa adicional de seguridad, el usuario deberá acceder a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos y ahí pulsar sobre Activar. El sistema recomendará añadir una dirección de correo electrónico y es importante indicarla porque nos servirá para recordar la contraseña en caso de olvido. Este email debería ser alguno al que el usuario pueda acceder siempre (por ejemplo, no se recomienda utilizar el del trabajo) puesto que cualquiera que acceda a dicha dirección puede conocer nuestra contraseña.
Esta nueva medida de seguridad puede tranquilizar a los más preocupados por su privacidad, pero hay que tener en cuenta que puede llegar a ser un tanto molesta: el sistema nos obligará a introducir la contraseña cada cierto tiempo. En cualquier caso, es absolutamente recomendable activar dicha función que irá llegando a los móviles con la app instalada a lo largo del día de hoy, siempre que se tenga actualizada a la última versión.
Fuente: El Pais

jueves, 21 de noviembre de 2013

Google ficha a un niño griego de 12 años para su equipo de programadores


  El gigante informático Google ha fichado a un niño griego de 12 años para incorporarlo a su equipo de programadores, donde trabajará en el diseño de una nueva red social, un servidor para juegos en red y un sistema de seguridad. Nikos Adam, que este año ha empezado la educación secundaria, fue descubierto por Google durante la Feria Internacional de Salónica, cuando realizó una brillante exposición sobre ataques cibernéticos. 

 Tras comprobar los conocimientos de programación del chico, que ya ha creado dos aplicaciones informáticas, Google habló con sus padres para incorporarlo a su plantilla. Ahora Adam desarrolla diferentes programas para Google, entre ellos la web Tech is Social, una nueva red social. 

 "Será lanzada en enero de 2014 y será en griego. Funcionará de modo parecido a Facebook", ha afirmado este miércoles el niño durante una entrevista en el canal Skaï. Además, ha explicado que Tech is Social dará mucha importancia a la seguridad de las comunicaciones. 

 Otro de los programas que prepara Adam es un sistema de seguridad contra ataques de denegación de servicio (DoS attack) y en una plataforma que permitirá jugar a juegos en red sin necesidad de disponer de un servidor propio.


viernes, 23 de noviembre de 2012

Eficacia a golpe de ratón


Los responsables de WorkMeter aseguran que el programa homónimo que han desarrollado permite aumentar hasta un 40% la productividad de los profesionales cuyo trabajo depende del ordenador.

En esencia, se trata de una herramienta que mide cuánto tiempo permanece activa una aplicación previamente definida. Así, el administrador sería capaz de conocer, por ejemplo, los minutos que ha permanecido una determinada máquina conectada a Facebook, al correo electrónico o a un editor de textos.

El software se adapta para captar la actividad del teléfono, pero no recopila información privada. En función de los usos -hay quien entiende que este sistema de monitorización puede emplearse para presionar al equipo-, el programa mejora la gestión del tiempo de trabajo, lo que, según se indica desde WorkMeter, ha llevado a algunas empresas a implantar el horario flexible o el teletrabajo.

martes, 5 de junio de 2012

Las huelgas de la minería y del transporte bloquean las carreteras y los autobuses en Asturias

 
Más de medio centenar de mineros y otros tantos antidisturbios se enfrentan durante tres horas por los montes lenenses en una lucha que termina con dos trabajadores detenidos 

  Los mineros, con 5 detenidos, hacen 16 cortes de vías y se enfrentan a los antidisturbios - Oviedo, Mieres y Langreo se quedaron sin transporte urbano y hubo 59 autocares con daños - Gabino de Lorenzo advierte a los piquetes: «La ley será respetada a rajatabla» 

 Asturias se vio envuelta ayer en un clima de gran tensión y altísima conflictividad laboral, al coincidir la octava jornada de huelga indefinida en la minería del carbón con el primer día de paro, también indefinido, en el sector del transporte. Las movilizaciones, especialmente violentas en el ámbito minero, dejan como balance cinco detenidos; un policía herido de consideración; 16 cortes de carreteras, sobre todo en las principales vías a la Meseta; retenciones kilométricas de vehículos, una de ellas de casi diez kilómetros, entre Ribera de Arriba y Oviedo; servicios mínimos en los autobuses, muchos de ellos escoltados por las fuerzas del orden; apedreamientos de camiones, y 59 autocares dañados, según la patronal del sector. No hubo transporte urbano en Oviedo, Langreo y Mieres, y la Guardia Civil organizó 41 convoyes para 574 camiones. 

 La situación, lejos de mejorar, amenaza con agravarse hoy mismo, ante la falta de acuerdo para solventar ambos conflictos. En este contexto, y tras las escenas de gran violencia que se vivieron ayer -con una auténtica batalla campal, en Santa Cristina de Lena, entre piquetes de mineros y fuerzas policiales-, el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, emitió un comunicado en el que, con vistas a los próximos días, garantiza que «la ley será respetada a rajatabla» y advierte a «quienes la vulneren» de que «serán puestos a disposición de la justicia». 

 «Los ciudadanos deben saber que garantizar el orden público, la libertad de movimientos y el abastecimiento de los productos básicos serán objetivos prioritarios en el quehacer de esta Delegación», subrayó De Lorenzo, que pidió «comprensión» a quienes se vean afectados por las protestas, «en la confianza de que Policía y Guardia Civil restablecerán el orden público». El delegado del Gobierno ensalzó la «ejemplar dedicación» de los cuerpos de seguridad, reforzados con dotaciones de otras comunidades, «a favor del conjunto de la sociedad asturiana». 

 La primera jornada de huelga en el transporte se saldó con un seguimiento muy alto en el sector de viajeros y considerablemente menor en el de las mercancías. Según los sindicatos convocantes -UGT y CC OO-, la actividad se ha limitado a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los viajeros, y al trabajo de algunos transportistas autónomos, en el de las mercancías. Las centrales son «poco optimistas» ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo y culpan de ello a la «cerrazón» de la patronal. 

 El secretario general del sector de carretera de UGT, José Francisco Braña, cifró el apoyo al paro en un 90 por ciento, lo que, a su juicio, «supone el mayor respaldo obtenido por una convocatoria en los últimos diez años». Desde CC OO, Manolo García subrayó que el seguimiento de la huelga «supera las expectativas» y que la actividad del día «se limitó a la de algunos autónomos que, de manera aislada, repartieron mercancías». 

 Los sindicatos tenían convocada una asamblea de trabajadores para las nueve y media de la noche de ayer, con el objetivo de hacer balance y anunciar que la huelga continúa. «La patronal no está dispuesta a negociar y, por tanto, continuaremos adelante y sin vandalismos, porque los vándalos están al otro lado de la mesa», indicó García. 

 Varias decenas de mineros, convocados por CC OO, se concentraron ayer por la tarde en la plaza de España de Oviedo, frente a la Delegación del Gobierno, con la intención de acampar y pasar allí la noche en tiendas de campaña. 

 El responsable de minería del sindicato, Maximino García, aseguró que el objetivo de esta movilización es que «Gabino de Lorenzo transmita al Gobierno central y al grupo parlamentario del PP en el Congreso que los mineros no vamos a asumir recortes tan brutales». 

 «Vamos a mantener esta acampada para que nos vean todos los días y para que se den cuenta de que los mineros no damos marcha atrás», subrayó García.

viernes, 1 de junio de 2012

Bruselas critica con dureza las medidas de Rajoy contra la crisis

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión, Olli Rehn. / JOHN THYS (AFP)

La Comisión ataca la subida del IRPF, el decreto de pago a proveedores y el contrato de prueba

  El tono general no es malo, pero en la evaluación de Bruselas sobre las iniciativas tomadas por España para combatir la crisis hay un golpe tras otro a las medidas más relevantes aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus cinco meses de Gobierno. El examen de los mercados no es mucho mejor: Rajoy fue investido con la prima de riesgo alta (en torno a 311 puntos), pero la deuda se acerca peligrosamente a territorio comanche, a zona de intervención; van ya varias semanas por encima de 500 y subiendo. Bruselas deja una pista sobre el porqué: la reforma financiera "no ha garantizado la estabilidad del sistema bancario".

 Más allá de la gestión de Bankia y del resto del sector, en el informe anexo a las recomendaciones presentadas el miércoles hay un buen puñado de cargas de profundidad sobre la forma del Gobierno de conducirse en medio de una crisis tan abrupta. La subida del impuesto sobre la renta es lo contrario de lo que reclamaba Bruselas. La medida relativa al pago a los proveedores podría vulnerar una directiva europea. La reforma laboral puede ser inconstitucional y el contrato de prueba "puede transformarse en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de despido nulos". La reforma de los organismos reguladores tampoco gusta en Bruselas. E incluso es dudoso que la amnistía fiscal, que ha desatado las iras de parte de los españoles, obtenga los ingresos que pretende el Gobierno. 

 » Impuestos: en dirección contraria. La Comisión asegura que las subidas del impuesto sobre la renta "van en la dirección contraria a la recomendación del Consejo: suponen más presión sobre el trabajo y el capital", lo que se considera especialmente perjudicial para el crecimiento. El Ejecutivo ha anunciado una subida del IVA y otros impuestos indirectos para el próximo año en esa línea. A Bruselas tampoco le gusta la deducción por vivienda: "La política tributaria contribuyó al aumento del endeudamiento de las economías domésticas y a la formación de la burbuja inmobiliaria". 

 » Pago a proveedores: contra Europa. La medida que permite a comunidades y ayuntamientos afrontar pagos pendientes "implica una penalización para los proveedores", que se ven obligados a aceptar la exclusión de los intereses y otros costes en el pago final. Y lo que es más grave, es contraria "a los principios de la directiva europea sobre morosidad". 

 » Reforma financiera: suspenso en estabilidad. Bruselas considera que la reforma financiera (en realidad, las dos reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de Rajoy, a las que hay que sumar otras dos del Ejecutivo socialista desde que empezó la crisis) "no garantiza la estabilidad del sector", que preocupa sobremanera a las autoridades europeas y es ahora el principal foco de preocupación de la crisis europea. Las reformas se centran en los activos inmobiliarios, pero "dejan sin abordar otros riesgos", entre los que la Comisión cita los préstamos a pequeñas y medianas empresas y los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, ante el incremento de morosidad derivado de la prolongación de la crisis y el elevado desempleo. » Fusión de reguladores: dudosa eficacia e independencia. El Gobierno español ha anunciado su intención de fusionar, en el segundo semestre del presente año, la Comisión Nacional de la Competencia con siete autoridades de supervisión y regulación nacionales (energía, telecomunicaciones, servicios postales, medios audiovisuales, transporte ferroviario, transporte aéreo y juegos de azar), creando así un organismo único, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El objetivo es mejorar la eficiencia. Sin embargo, el actual proyecto de ley no garantiza que el nuevo superregulador actúe "de forma eficaz e independiente". 

 » Reforma laboral: ¿constitucional? La reforma va en la dirección correcta, pero no es lo suficiente ambiciosa en las cláusulas de garantía salarial y la ultraactividad de los convenios. Puede "provocar un aumento del desempleo" a corto plazo (así ha sido). Pero lo más peligroso son los nuevos contratos de prueba, que pueden convertirse en contratos temporales por la puerta de atrás: "Existe el riesgo de que las empresas utilicen el periodo de prueba de un año para transformar este contrato en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de rescisión nulos". Los contratos de aprendizaje presentan un riesgo similar. "La reforma también depende demasiado de incentivos financieros a la creación de empleo, ineficientes en el pasado". Y lo más grave: "Siguen persistiendo dudas acerca de si algunos elementos de la reforma son compatibles con la Constitución Española". 

 »Miscelánea: más golpes. La Comisión publicó este jueves en torno a 150.000 folios entre exámenes, recomendaciones y demás. Entre los dedicados a España, cabe espigar todavía algunas críticas. "La Ley [de Estabilidad presupuestaria] contempla un periodo de transición largo, hasta 2020. Por otra parte, las vertientes preventiva, correctora y coercitiva del nuevo marco presupuestario implican unos plazos relativamente largos y pueden no ser suficientes para garantizar una corrección oportuna de los desvíos". Bruselas considera que los ingresos de la amnistía fiscal pueden estar sobrevalorados. El Gobierno prevé aflorar 25.000 millones, pero a Bruselas la cifra le parece optimista, al igual que las previsiones para 2013 y los años posteriores: ni el crecimiento económico ni los ingresos públicos alcanzarán los vaticinios del Ejecutivo. Tampoco las comunidades autónomas y la Seguridad Social —con riesgo de déficit— cumplirán. La Comisión vuelve a poner énfasis en la necesidad de activar un calendario de privatizaciones. E incluso se muestra deliberadamente ambigua sobre la posibilidad una sorpresa adicional para los maltrechos bolsillos de los contribuyentes: las autovías de pago.

miércoles, 11 de abril de 2012

El FMI pide bajar pensiones por "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado"


En la imagen, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. / EFE

El organismo quiere que la edad de jubilación se ajuste con la esperanza de vida. Sus economistas proponen recorte de prestaciones y aumento de las cotizaciones. El Fondo plantea que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad.

El envejecimiento de la población es un reto conocido. Y a eso dedica un extenso análisis el Fondo Monetario Internacional, en un adelanto de los documentos de su cumbre semestral. Lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que pone de relieve el problema. El Fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado". Y también propone soluciones de mercado para mitigar ese "riesgo".

Es lo que los economistas bajo la batuta del español José Viñals llaman “riesgo de longevidad”. Y dan una cifra para poner en contexto. “Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el coste del envejecimiento -que ya es enorme para los Gobiernos, las empresas, aseguradoras y particulares- aumentaría un 50%” en las economía avanzadas tomando como referencia el PIB de 2010.

Para los países emergentes, ese coste adicional sería del 25%. En términos absolutos, se disparará el coste previsto en decenas de billones de dólares a escala global. Eso su pone una amenaza para sostenibilidad de las finanzas públicas al disparar los niveles de endeudamiento público en una proporción similar. En paralelo, es un riesgo para la solvencia de las entidades privadas.

Según ha explicado el propio Viñals en la rueda de prensa en la que ha presentado el informe, “vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante". "Nos va a costar más como individuos, a las corporaciones y a los Gobiernos. Por eso debemos preocuparnos ahora por los riesgos de la longevidad, para que los costes no nos atosiguen en el futuro”, ha comentado Viñals, responsable del departamento de Mercado de Capitales.

En 1750, la esperanza de vida en el momento del nacimiento en los países de la Europa occidental no llegaba a los 40 años. Desde 1900, siguió un incremento lineal hasta tocar los 80 en 2010. A escala global pasó de los 48 en 1950 hasta los 70 en el último año de referencia. Pero lo que cambia los cálculos, según el FMI es la esperanza de vida cuando se tiene 60 años.

Naciones Unidas proyecta que para 2050 la esperanza de vida a partir de esa edad llegará a los 26 años en las economías avanzadas y a los 22 años en los países en vía de desarrollo. Eso significa que irá mejorando al ritmo de un mes por año. Tomando como referencia a los europeos de 60 años que vivían en 1910, la esperanza de vida era de 15 años. Un siglo después llegó a los 24 años.

Al vivir más la población, tendrá que pagarse más en pensiones y prestaciones a la seguridad social. En este caso pone como ejemplo los planes de pensiones privados en EE UU. “La empresas tendrían que multiplicar varias veces sus contribuciones para poder afrontar esos pasivos adicionales”, apunta. “Reconocer y mitigar este riesgo es un proceso que debe ponerse en marcha ahora”, remacha.

Tanto el sector público como el privado llevan años preparándose para amortiguar el impacto financiero del envejecimiento. Pero el FMI cree que se subestimó la evolución demográfica de la población y eso pesará “más de lo esperado” en un balance que en ambos casos están ya de por si debilitados. Eso, por tanto, amenaza con exacerbar su vulnerabilidad frente a otras crisis.

Christine Lagarde, directora gerente de FMI, quiere que la reunión de primavera en Washington sirva para mirar hacia delante. En este contexto, exige a los Gobiernos que reconozcan que el envejecimiento les puede crear un serio problema en el futuro y que es un riesgo. Para neutralizar sus efectos, recomienda combinar el aumento de la edad de la jubilación con otras medidas.

Para el retraso de la edad de jubilación, propone que se ligue a la esperanza de vida, de modo que el número de años en que los jubilados cobran la pensión no aumente. En la reciente reforma española del sistema de pensiones que retrasaba la edad e jubilación a los 67 años de forma progresiva ya se prevé un mecanismo de este tipo, llamado factor de sostenibilidad. Así, la ley prevé que las variables clave del sistema de pensiones (como la edad de jubilación) se revisen cada cinco años a partir de 2027 en función del aumento de la esperanza de vida.

Pero ese retraso no basta. El Fondo cree que hay que tomar más medidas y cita entre ellas el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese "riesgo de que la gente viva más de lo esperado".

Así, el informe de estabilidad financiera plantea que se recurra a los mercados de capitales para que se transfiera el riesgo de la longevidad de los planes de pensiones a las instituciones que tienen más capacidad para gestionarlo.

Los economistas del organismo plantean también que los propios individuos aumenten su ahorro a través de planes de pensiones, recomienda que se facilite o incluso obligue a contratar rentas vitalicias y también apoya el uso de las hipotecas inversas, por las que la casa en propiedad se entrega en el momento de fallecimiento a cambio de recibir hasta ese momento una renta por ella.

El Fondo también pide más transparencia a los países a la hora de informar sobre la tendencia del envejecimiento y como se están preparando para financiar la jubilación.

El FMI concluye recordando que todas estas reformas “tardarán años en dar fruto” y cualquier retraso en el proceso dificultará hacer frente al reto como es debido. “Prestar atención al envejecimiento de la población y al riesgo de la longevidad adicional forma parte del conjunto de reformas necesarias para restaurar la confianza en la viabilidad de los balances del sector público y privado”, remacha.

martes, 13 de marzo de 2012

La factura de la luz en España está en el umbral más elevado de Europa


La CNE alerta del riesgo de los altos precios eléctricos para la economía

En el ranking europeo de precios eléctricos antes de impuestos para domésticos, España es el tercer país más caro, según datos de Eurostat que recoge la CNE en su informe sobre el déficit tarifario. La situación para los consumidores industriales no es más halagüeña, lo que perjudica a la competitividad de las empresas españolas, según el regulador energético.


El informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre las medidas de ajuste regulatorio para resolver el déficit de la tarifa eléctrica incluye un estudio comparativo entre los precios finales de la electricidad antes de impuestos en España y el resto de países europeos, que demuestra la situación desventajosa de los consumidores españoles, tanto domésticos como industriales, respecto a sus homólogos europeos (ver gráfico).
Utilizando estadísticas de Eurostat, la CNE concluye que los precios medios pagados en 2011 por los clientes domésticos españoles (en céntimos/kWh) eran los terceros más caros de entre una treintena de países europeos, solo por detrás de dos islas, Malta y Chipre. Además, el estudio muestra cómo ha crecido la brecha entre el precio de la electricidad en España y el resto de Europa en los últimos cinco años, hasta el punto de que en 2007 se situaba en el puesto número 14 del ranking, en mejor posición que Alemania o Reino Unido. Fue entre 2009 y 2010 cuando se produjo la gran escalada, de la mano de las primas a las renovables.
El regulador energético precisa que algunos países, como Alemania, Dinamarca, Italia y Portugal excluyen de los precios finales la financiación de las energías renovables y la cogeneración y que los datos se refieren al primer semestre de 2011. Es precisamente, el coste de las primas que reciben estas energías las que han provocado el incremento de los precios en los últimos años. Aun con todo, según la Comisión, "el impacto de la factura eléctrica sobre el gasto medio anual medio de las familias en España supone el 2% y el de la factura del gas natural, el 0,74%".
Tampoco corren mejor suerte las pequeñas y medianas empresas de bajo consumo y la gran industria, que en 2011, según Eurostat, pagaron los precios medios más caros de los mencionados países, solo superados por los de Italia, República Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta.
La situación es aún más grave en España si se tiene en cuenta el déficit estructural de la tarifa, un precio que los consumidores pagan de forma aplazada con un interés de hasta el 6%. De incluirse, según la CNE, España se colocaría sin ninguna duda como el país más caro de la Unión Europea. Para el regulador este diferencial de precios, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, tiene un "impacto directo en su competitividad".
Los peajes se disparan
En cuanto a los precios mayoristas de la energía, estos han sido "generalmente coherentes" con los de los combustibles en los mercados internacionales, indica la CNE. Los de la electricidad se han situado incluso en la banda media-baja de los mercados mayoristas europeos. Y es que no ha sido el coste de la energía, sino el de los peajes de acceso (parte regulada de la factura eléctrica), el responsable del encarecimiento de la factura eléctrica española, cuya insuficiencia ha provocado el déficit tarifario. A través de los peajes, que han crecido un 70,7% entre 2003 y 2012, se financian, entre otros, las primas de las renovables, el propio déficit de los años pasados y las infraestructuras de distribución y transporte.
El informe del regulador subraya que mientras los ingresos medios de los peajes (que pagan la totalidad de los consumidores) aumentaron un 70% entre 2006 y 2010, los costes lo han hecho en un 140%. Las partidas que más han crecido son las primas del régimen especial (un 40,3%); los costes de las redes (39,8%) y las anualidades para financiar el citado déficit (otro 10%). Tanto esta partida como la de las citadas primas se han multiplicado por cinco.

Los países con más renovables son los más caros

El hecho de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) haya subrayado en su informe la brecha creciente entre los precios eléctricos en España y el resto de países europeos, supone una advertencia sobre el peligro de que las medidas de ajuste para eliminar el déficit de tarifa anunciado por el Gobierno recaigan exclusivamente sobre los consumidores (ello implicaría una subida de los peajes superior al 30%, según la Comisión). Además, el informe no se refiere únicamente a los consumidores domésticos, que tienen también una tarifa (TUR) para la energía en sí, sino a las empresas que, aunque compran la electricidad en el mercado libre, pagan igualmente los peajes de acceso, lo que incide negativamente en su competitividad.

En su comparativa de precios con Europa, la Comisión de la Energía señala que las primas de las renovables son financiadas directamente por los consumidores eléctricos en todos los países europeos (mediante incentivos; certificados verdes o mecanismos de subastas de capacidad), excepto en los casos de Finlandia, Noruega, Holanda y Luxemburgo que aplican tasas o impuestos al resto de las energías para primar las renovables.

Precisamente, entre los países con precios más elevados se encuentran los que más incentivan la producción del régimen especial. Según Eurostat, en 2009, último año con datos comparables, España era el país cuya demanda se cubría en mayor medida con renovables (un 28,6%), seguido de Portugal (27,4%); Dinamarca (26%) y Alemania (14,1%). Asimismo, España fue el país con el sobrecoste más elevado (6.035 millones de euros), seguido de Alemania (5.618 millones) e Italia (2.638 millones).

lunes, 31 de octubre de 2011

A partir de hoy entra en vigor el desahucio exprés


La norma pretende simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales


El desahucio de viviendas por impago del inquilino podrá acelerarse a partir de hoy, cuando entra en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que permite al propietario acogerse al sistema del proceso monitorio -rápido y sencillo- para la reclamación de las rentas y desahucio.

Esta norma, incluida en el plan de modernización de la Justicia del ministro Francisco Caamaño, acomete reformas destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales, mediante la eliminación de trámites innecesarios.

Entre otras, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al permitir que, una vez presentada la demanda por impago, el secretario judicial dé diez días al inquilino para que abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago.

Si transcurrido dicho periodo el demandado no ha realizado ninguna de las opciones, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para el lanzamiento (día en el que se hace efectivo el desalojo del inmueble), previa solicitud del propietario.

Hasta ahora, tras la demanda por impago el Juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda, así como la fecha del lanzamiento, lo que alargaba los plazos meses.

Con la reforma actual, el derecho a recuperar la vivienda puede ser reconocido en un plazo de diez días.

No obstante, el abogado del despacho Lusilla y Asociados, Sergio Lusilla, aseguró a Efe que "la reforma será insuficiente" si no va acompañada de la implementación de personal en los juzgados".

Según explicó, hasta ahora, el arrendador debe esperar meses para el desalojo, llevado a cabo por una comisión judicial que fija las fechas por riguroso orden de asuntos.

Hacen falta más medios humanos que practiquen los lanzamientos en un "tiempo breve" para que el arrendador no tenga que esperar meses a que el personal del juzgado se desplace a su vivienda, acompañada de la fuerza pública, para devolvérsela, apuntó.

Esta modificación de la LEC viene a completar la llamada Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y Eficiencia Energética de los Edificios, denominada "Ley del desahucio exprés" que fue aprobada en 2009.

Esta norma redujo de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el momento en el que el arrendador exige por requerimiento el pago de las deudas atrasadas y el momento en que puede presentar una demanda.

miércoles, 26 de octubre de 2011

Un consorcio español se adjudica el macrocontrato del AVE La Meca-Medina por 6.736 millones


El 'AVE del desierto' o 'AVE de los peregrinos' dará servicio a 160.000 viajeros al día. -El proyecto incluye el suministro de 35 trenes y la construcción de la línea de 450 kilómetros. -Es el mayor contrato español en el exterior

El consorcio español, en el que también participan empresas saudíes, se ha adjudicado el proyecto de construcción de una línea de Alta Velocidad (AVE) que unirá las ciudades de Medina, Yeda y La Meca en Arabia Saudí, un megaproyecto presupuestado en 6.736 millones de euros, según informó la Saudi Railways Organization a través de su página web.

El Ministerio de Fomento ha resaltado que se trata del mayor contrato de ámbito internacional conseguido por empresas españolas. En el consorcio hispano-saudí Al Shoula Group, participan las empresas públicas Adif, Renfe, Ineco (dependientes del Ministerio de Fomento), Indra, OHL, Consultrans, Copasa, Imathia, Cobra, Dimetronic, Inabensa y Talgo, así como las empresas saudíes, Al Shoula y Al Rosan. Talgo será la encargada de suministrar los trenes. Las empresas españolas controlan el 88% del consorcio y los socios locales de Arabia el 12% restante.

El proyecto ha sido considerado una necesidad urgente y prioritaria para el Reino de Arabia Saudí, ya que con sus 450 kilómetros de vía doble electrificada, dará servicio a los peregrinos que realizan su viaje entre La Meca y Medina, cuyo número crece año tras año, así como a los visitantes y residentes de ambas ciudades.

Se trata de un proyecto global que incluye desde la construcción de la plataforma de la línea, de unos 450 kilómetros de longitud, hasta la instalación de su superestructura (sistemas de señalización, electrificación, telecomunicaciones y seguridad), 35 trenes de alta velocidad diseñados para velocidades de más de 300 kilómetros por hora (y opción de compra de otros 23 trenes más durante el período de operación) y el posterior mantenimiento de los trenes y del corredor durante 12 años.

El proyecto, que contará con trenes equipados con la última tecnología de señalización y sistemas de comunicaciones, incluye el trazado de alta velocidad de doble vía electrificada, diseñado para velocidades de

320 kilómetros por hora, lo que permitirá que el tiempo de viaje entre Meca y Medina se realice en menos de 2 horas y 30 minutos, según informa Fomento.

Los trenes, que estarán basados en las series 102 y 112 de Renfe y contarán con capacidad para más de 450 viajeros cada uno, servirán una demanda diaria de 166.000 viajeros, lo que equivale a una demanda potencial de más de 60 millones de viajeros anuales. El servicio tendrá demandas en hora punta de entre 11.000 y 13.000 viajeros a la hora.

Con la adjudicación del denominado 'AVE del desierto' o 'AVE de los peregrinos' se pondría fin al proceso de concurso público que lanzó hace unos años el Gobierno de Arabia Saudí, y por el que se interesaron consorcios empresariales de todo el mundo, de entre los que se seleccionaron dos finalistas, uno español y otro francés.

En julio pasado, EL PAÍS adelantó que el organismo público saudí de transportes ya había elegido al consorcio español frente al francés, pero quedaba pendiente completar y aclarar algunos detalles de la oferta para proceder oficialmente a la adjudicación. El socio local del consorcio recibió en julio una comunicación de la autoridad de los ferrocarriles de Arabia en la que se hablaba de un "anticipo de adjudicación" y se citaba a los responsables del consorcio a discutir los detalles técnicos en las próximas semanas.

Ya entonces fuentes del consorcio español consideraban que los detalles técnicos eran absolutamente salvables por lo que consideran que la adjudicación era un hecho. En la nota de hoy se señala que los responsables del proyecto habían mantenido negociaciones con el consorcio "sobre los puntos que necesitaban ser completados y el consorcio ha llegado a a acuerdos sobre todos los puntos negociados".

La consecución de este proyecto histórico supone un importante paso en la estrategia de internacionalización del AVE que promueve el Gobierno junto a las empresas del ramo bajo la marca 'Alta Velocidad Española'.

"La elección de un consorcio español para la realización de este ambicioso proyecto demuestra que la Alta Velocidad Española es un modelo exportable a otros países y mercados, y que gracias al esfuerzo inversor realizado, España se ha situado como un país de referencia en alta velocidad, colocando a sus empresas como líderes mundiales de los diferentes subsectores en los que se estructura este modo de transporte", ha subrayado el Ministerio de Transporte en un comunicado.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Iberia planea lanzar en una semana su línea de bajo coste


La filial asumiría la mitad de los aviones de corto radio

El consejo de administración de Iberia prevé aprobar el próximo martes 4 de octubre el lanzamiento de la nueva compañía para operar a menor coste los vuelos de corto y medio radio, según fuentes del sector conocedoras de la operación, que señalan que a esa aerolínea se traspasarían 37 aviones de la familia A-320 de los 69 que declara actualmente la compañía en su web.

Dos días después, el jueves, el consejo de IAG (la empresa resultante de la fusión de la aerolínea española con British Airways) deberá ratificar la decisión. El portavoz oficial de Iberia declina confirmar o desmentir la noticia y se limita a afirmar que siguen las conversaciones a ese respecto con el sindicato de pilotos Sepla.

La creación de una nueva aerolínea para operar los vuelos nacionales y europeos fue anunciada por el consejero delegado, Rafael Sánchez-Lozano, en octubre de 2009, con la intención de que comenzase a operar a finales de 2010. Llegó incluso a hablarse del nombre, Iberia Express. Algunos colectivos de la compañía, como los tripulantes de cabina (azafatas), negociaron cláusulas en su convenio que tenían en cuenta esa posibilidad, pero los pilotos se empeñan en mantener en la propia Iberia los vuelos de corto y medio radio para alimentar los más rentables, los viajes transatlánticos.

El Sepla sostiene que su convenio impide que Iberia pueda externalizar legalmente tantas operaciones y durante meses han insistido en que sus propuestas de recortes y mejora de la productividad hacen que sea más barato mantenerlos dentro de la compañía que fuera.

La dirección de la empresa asegura que no le salen los números y que necesita una solución estructural para que los vuelos de corto radio no sean un agujero sin fondo. Con la creación de la nueva compañía se avecina, por tanto, un conflicto seguro con los pilotos.

Iberia ha intentado otras soluciones para externalizar los vuelos de corto y medio radio, como encargar a su filial Air Nostrum más vuelos y también a su participada Vueling (tiene el 45,85%), a la que alquiló seis aviones para operar en la temporada de verano. Pero ese acuerdo (que se había prorrogado hasta primavera) se ha roto por las quejas de los pasajeros de Iberia y Vueling ha devuelto ya cinco de los seis aparatos.

domingo, 11 de septiembre de 2011

Alemania y Francia incumplieron 14 veces

Los dos países superaron los límites de deuda y déficit del tratado el triple de veces que España

Los países del euro incumplieron los límites de déficit (3% del PIB) o deuda (60%), que establece el Tratado de Maastricht, en 137 ocasiones entre 2000 y 2010, según Eurostat. Alemania, el país que ahora se erige como paladín del rigor fiscal, y Francia rebasaron estos límites en 14 ocasiones cada uno, mientras que España o Irlanda, lo hicieron sólo 4 y 5 veces, respectivamente, y nunca antes de la reciente crisis. Los mejores alumnos han sido Finlandia, Luxemburgo y Estonia que cumplieron siempre las reglas.
Grecia, por el contrario, infringió tanto el límite de déficit como el de la deuda todos los años. También superaron el tope máximo de deuda pública, Italia, Bélgica y Austria, en los once ejercicios analizados por Eurostat, (ver cuadro adjunto). El criterio que limita el déficit público a un máximo del 3% se ha rebasado en 60 ocasiones. Este tope de déficit es el que se acordó como criterio principal en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, (PEC) constituido en 1997. El PEC fue el instrumento diseñado para supervisar las finanzas públicas de los países de la zona euro, para compensar la falta de política fiscal en el diseño de la zona euro.

La superación del límite del 3% de déficit no implica automáticamente el incumplimiento del Pacto de Estabilidad, que prevé ciertas excepciones, especialmente cuando se produce una fuerte una caída de la actividad económica. En realidad el PEC sólo se infringe cuando no se aplican las recomendaciones de la Comisión y del Consejo. De todas formas las actuaciones relevantes de la UE han sido limitadas a media docena de casos. En 2001, Bruselas envió una alerta temprana a Irlanda, por recalentamiento de la economía. Después remitió recomendaciones por déficit excesivo a Portugal, Francia y Alemania en 2002, Italia en 2004 y recientemente a Grecia.

Sin embargo, en 2003 el PEC fue dinamitado cuando el canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés Jacques Chirac presionaron y lograron que el Consejo no respaldara las recomendaciones de la Comisión que exigía a ambos países una reducción más intensa del déficit. La decisión franco-alemana causó un daño irreparable a la credibilidad del control fiscal de la UE.

En 2005, el Pacto fue reformado introduciendo criterios de flexibilidad más racionales, y haciéndolo asumible para Francia y Alemania, que lo venían incumpliendo desde 2002. El PEC reformado, por el entonces comisario Joaquín Almunia, establece que los límites del 3% de déficit y del 60% de deuda pública son inalterables. Pero en los cálculos se tienen en cuenta "factores relevantes" entre los que destacan los gastos e inversiones públicas para reformas estructurales o para investigación y desarrollo; los derivados de "acontecimientos inusuales" (incluido expresamente el coste de la reunificación alemana); o las aportaciones a los objetivos de la UE, (a la defensa común, como exigió Francia).

Pero el daño a la disciplina fiscal hecho por Francia y Alemania había dejado una profunda huella. Richard Baldwin y Daniel Gros, en un trabajo publicado por el Centre for Economic Policy Research (CEPR), señalaban que "la disciplina de la deuda y del déficit, en resumen, estaba ausente". Y añadían que entre 2000 y 2007, "los déficits acumulados por Grecia ascendía a 40 puntos del PIB; Portugal estaba cerca de 29 puntos". Incluso los países del núcleo de la zona euro tenían problemas. Los números para Francia y Alemania eran 18 y 22, respectivamente.

Desde mayo de 2010, la UE está trabajando en una reforma profunda del PEC, para dotarle de auténticos poderes. Se trata de un paquete de cinco reglamentos y una directiva que se encuentra en la recta final de las negociaciones entre Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Se da la paradoja que ahora es Berlín el abanderado la línea dura, con amenazas de expulsión del euro, retirada del voto, pérdida de fondos estructurales a los infractores.