El consejero de Interior, Felip Puig y el consejero de Salud, Boi Ruiz, durante la celebración ayer de la sesión de control al Govern en el Parlament de Catalunya.
Comprar un medicamento, pasar la noche en un hotel o abrir el grifo del agua será más caro en Cataluña a partir de ahora en un intento de la Generalitat de corregir sus maltrechas cuentas. El Gobierno de Convergència i Unió, con la decisiva abstención del Partido Popular, dio luz verde definitiva este miércoles a la ley de medidas fiscales y financieras que tiene como objetivo aumentar los ingresos de la Administración catalana. El objetivo de fondo es ayudar a reducir el déficit desde el 3,7% del año pasado hasta acercarse lo máximo posible al 1,5% que el Gobierno central ha fijado para las autonomías este año.
Nadie se salvará de los incrementos de impuestos, que se sucederán durante todo el año. La Generalitat prevé comenzar a cobrar el euro por cada receta médica a partir de junio. Esta tasa, que CiU pretendía aplicar de forma universal, incluye una serie de exenciones que el PP impuso a la Generalitat a cambio de su abstención en los Presupuestos: solo afecta a los medicamentos que cuesten más de 1,67 euros y no deberán pagarla los perceptores de una pensión no contributiva o de la renta mínima de inserción. Para el resto de los ciudadanos se aplicará hasta un máximo de 62 recetas al año.
La tasa entrará en vigor a partir de junio, cuatro meses más tarde de lo que había previsto inicialmente el Gobierno catalán. Este retraso supondrá una merma de ingresos de ocho millones de euros, aproximadamente. El Departamento de Salud, que el año pasado ya excedió el presupuesto en 582 millones, preveía ingresar 81 millones de euros con esa medida.
La nueva tasa por pernoctaciones turísticas tendrá un coste de entre 0,5 y 2,5 euros, y estará en vigor el 1 de noviembre, tal como exigió el Partido Popular. Los Ayuntamientos ingresarán el 30% de este nuevo impuesto, aunque el de Barcelona se quedará con el 50%. No pagarán esta tasa ni los menores de 12 años ni a partir del segundo ocupante de cada habitación o apartamento.
La ley aprobada ayer también establece el incremento del canon del agua. El Gobierno de CiU asegura que el fin es penalizar el consumo abusivo, por lo que el precio de los primeros 14 metros cúbicos solo subirá el equivalente al IPC. Para los consumos mayores la subida será del 10%. El objetivo es también salvar las finanzas de la Agencia Catalana del Agua, que se encuentra en situación de quiebra técnica.
La cuarta gran medida de la ley es la que recorta un 15% el sueldo y la dedicación del personal interino de la Administración. La mayoría verá reducida su jornada en aproximadamente una hora al día, aunque hay exenciones para bomberos y personal penitenciario, entre otros colectivos.
La oposición de izquierdas criticó duramente el pacto CiU-PP para aprobar la ley de medidas y acusaron al Gobierno de no querer dialogar. El debate se hizo sin la presencia del presidente, Artur Mas, que suspendió su agenda oficial por el fallecimiento de su padre, Artur Mas Barnet a la edad de 84 años.
El diputado del PSC Ernest Maragall pidió una rectificación al consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, y que se reintroduzcan impuestos como el de sucesiones, que el tripatito redujo y CiU ha eliminado. Asimismo, acusó al Gobierno de no lograr ninguna de sus finalidades con los recortes impuestos hasta la fecha: “Ahora tenemos la evidencia de que ustedes no saben contener el déficit”, dijo Maragall para recordar que CiU apenas ha conseguido reducirlo en medio punto pese a los reiterados recortes que ya ha aplicado el último año.
El diputado Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, también propuso vías alternativas de ingresos y ha acusado al Gobierno de CiU de renunciar a 1.085 millones de euros al no aceptar ninguna de las medidas de los republicanos. El diputado de Iniciativa Josep Vendrell ha puesto de relieve el buen funcionamiento de los acuerdos entre CiU y el PP: “Se consolida un Gobierno que rechaza el avance nacional y el progreso social de la mano del PP”.
Convergència i Unió y el Partido Popular calificaron estas subidas de impuestos, que siempre habían rechazado en campaña electoral, como un “acto de responsabilidad”.
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