Mostrando entradas con la etiqueta Política. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Política. Mostrar todas las entradas

sábado, 11 de enero de 2014

Muere Ariel Sharon



El general y ex primer ministro de Israel llevaba en coma ocho años. Su salud se había deteriorado notablemente en los días recientes 

 El exprimer ministro israelí Ariel Sharon ha fallecido este sábado a los 85 años, según informó su hijo Gilad, después de pasar ocho de ellos en estado vegetativo. A finales del año pasado los médicos que le tratan habían certificado un notable deterioro de su salud, con graves fallos renales e incluso una infección sanguínea. Sharon ha fallecido en el hospital de Tel Hashomer, donde estaba ingresado, en la zona metropolitana de Tel Aviv. 

 “Se marchó cuando él quiso”, dijo Gilad Sharon de su padre en una comparecencia ante los medios a las puertas del hospital donde falleció. El exprimer ministro será enterrado en su rancho familiar, junto a su segunda esposa, Lily. Previamente se instalará una capilla ardiente en la Knesset [parlamento] y se celebrará un funeral de estado en su honor, el lunes. 

 A su muerte ha recibido unánimes elogios por parte de la clase política israelí. El primer ministro y antiguo rival Benjamín Netanyahu dijo que el recuerdo de Sharon “está grabado en el corazón de Israel” y le calificó de “valiente luchador y gran militar”. Sharon tomó las riendas del partido conservador Likud de Netanyahu, y se las devolvió cuando fundó su propio partido centrista, Kadima. La retirada unánime de la franja de Gaza provocó notables desencuentros entre ambos líderes. 

 El legado político de Sharon, y su postrero compromiso con el abandono de las tierras palestinas, pervive con Tzipi Livni, a la que él nombró varias veces ministra, hasta concederle la importante cartera de Exteriores. Hoy, responsable de Justicia, lidera el equipo israelí que negocia con los palestinos. Con patente pesar, Livni recordó a Sharon como “un granjero, un soldado y un primer ministro que se convirtió en el padre de una gran nación”. “Pero sobre todo”, añadió, “era un hombre al que quería”. 

 Entre los palestinos, sin embargo, el recuerdo de Sharon es infausto. De “tirano” y “criminal” le ha tildado Sami Abu Zurhi, portavoz de Hamas, el grupo islámico que controla la franja de Gaza. Muchos le consideran responsable de la muerte del presidente Yasir Arafat, y aún a día de hoy le acusan de haber ordenado su envenenamiento con polonio, a pesar de que varios estudios no han podido ni siquiera ofrecer resultados unánimes y fehacientes de que ese material radioactivo fuera la causa de la muerte. 

 Una carrera militar brillante se vio finalmente empañada por la invasión de Líbano, ejecutada en 1982 por el primer ministro conservador Menájem Begin con Sharon como ministro de Defensa. Aparte de una falta clara de objetivos a largo plazo, que llevaron a una oprobiosa retirada, a Sharon una comisión de investigación israelí le consideró responsable de no haber impedido la muerte de cientos de palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila en Beirut a manos de una milicia cristiana. 

 Antes de caer en coma, Sharon sufrió de graves problemas de salud agravados por su sobrepeso, elevado colesterol e hipertensión. En diciembre de 2005, mientras era primer ministro de Israel, padeció un leve infarto cerebral tras el que los médicos le aconsejaron un cambio radical de hábitos alimentarios, sin éxito.

 Varias semanas después, en enero de 2006, sufrió el ataque definitivo, que le dejó en coma todos estos años y del que no se recuperó, a pesar de breves intervalos en los que los médicos detectaron leves incrementos de la actividad cerebral del paciente, sin que llegara a recobrar la conciencia. En 2010 el político fue trasladado del hospital Sheba de Tel Hashomer a su rancho de Havat Shikmin, en el desierto del Negev, donde ha pasado una buena parte de los últimos años. 

 El gasto de la atención médica a Sharon, según una estimación del Parlamento israelí de 2010, fue de 1,6 millones de shékels al año (335.000 euros). Su familia y allegados mantuvieron la esperanza de una recuperación hasta el final de sus días. De hecho, el Gobierno le siguió pagando a su chófer oficial el complemento de conducir para el primer ministro hasta noviembre del año pasado. 

 Sharon, nacido en Kfar Malal en 1928, cuando la Palestina histórica estaba bajo mandado británico, fue un fiero general con gran experiencia en la península del Sinaí y a quien se le atribuyen éxitos estratégicos que permitieron a Israel ganar la guerra contra Egipto y Siria en 1973. Fue elegido primer ministro en representación del partido Likud en 2001. Ocupó el cargo hasta que sufrió el infarto cerebral en 2006, después de haber fundado el partido centrista Kadima, que, ausente él, ganó unas elecciones pero se debilitó notablemente con los años hasta caer en la mera testimonialidad. 

 Tras el tozudo e impenitente militar y político había un hombre de vida personal atormentada. Se casó con Margalit Zimmerman en 1953. Tuvo con ella a su primer hijo, Gur. En 1962 ella murió en un accidente de tráfico. Un año después él se casó con la hermana de su esposa fallecida, Lily, que le dio otros dos hijos, Omri y Gilad. En 1967 su hijo mayor falleció cuando tenía 11 años, cuando por accidente se disparó cuando jugaba con un rifle antiguo en la residencia familiar. Su padre lo encontró en estado crítico, y lo vio morir entre sus brazos. Su segunda esposa falleció de cáncer en 2000.

Fuente: El País


domingo, 15 de julio de 2012

Fabra reconoce palabras ´impropias´ pero no dimitirá


La diputada del PP se defiende de las críticas recibidas tras su "¡que se jodan!" en el Congreso de los Diputados 

 La diputada del PP por Castellón Andrea Fabra ha afirmado hoy que su exclamación "¡que se jodan!" fue "poco afortunada e impropia" de ella, pero iba dirigida a un diputado socialista, por lo que no piensa dimitir.  

 Andrea Fabra ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas a su llegada al XIII Congreso Provincial del PP de Castellón, en el que se elegirá a Javier Moliner como sustituto de Carlos Fabra al frente del partido. 

 El PSOE ha pedido a Fabra que abandone su escaño por entender que durante el pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció los nuevos ajustes, ella gritó "¡que se jodan!" en el momento en que se anunciaba una disminución de la prestación para los desempleados. 

 La diputada castellonense ha dicho que ya hizo una "aclaración rotunda" de lo sucedido y ha explicado: "mi reproche fue poco afortunado e impropio de mí e iba dirigido a la bancada socialista y en concreto a un diputado y a los constantes insultos que estaba profiriendo". 

 Fabra ha aseverado que es "indignante" que el partido socialista haya "aprovechado un drama social que afecta a cinco millones y medio de parados por los que siento absoluto respeto, para orquestar una campaña falsa y de difamación contra mi persona". 

 Por ello, ante la pregunta de "¿si se le ha pasado por la cabeza dimitir?", la diputada ha dicho: "no, por unas acusaciones que han hecho falsas sobre unas palabras que he pronunciado, no".

viernes, 29 de junio de 2012

El Supremo avala el modelo sanitario de Obama


El presidente obtiene una inesperada y rotunda victoria en plena campaña electoral. Romney promete derogar la ley el primer día que llegue a la Casa Blanca. 

 La reforma sanitaria de Barack Obama, la obra que puede dar trascendencia histórica a su presidencia, es constitucional. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en una sentencia que destruye la principal causa sostenida por los republicanos durante tres años y le da al presidente un enorme empujón en sus aspiraciones de reelección el próximo mes de noviembre. Los norteamericanos tienen ya un sistema sanitario que se aproxima a la cobertura universal. 

 Intentando evitar todo triunfalismo, Obama se dirigió a la nación poco después del anuncio de la sentencia para proclamar que “cualquiera que sea la orientación política de cada uno, esta decisión es una victoria para la gente de todo el país”. El presidente recordó que 30 millones de personas que hasta hoy carecían de seguro de salud tendrán ahora acceso a los servicios médicos y que las discriminaciones que las compañías aseguradores hacían con algunos pacientes serán ahora eliminadas. 

 El candidato presidencial republicano, Mitt Romney, destacó que esta sentencia hace más necesario que nunca que su partido recupere la Casa Blanca, donde ha prometido derogar la ley el primer día que llegue. “Nuestra misión está clara: si queremos reemplazar la reforma sanitaria de Obama, tenemos que reemplazar al presidente Obama”, dijo. 

 Un tribunal de mayoría conservadora se inclinó, finalmente, contradiciendo todos los pronósticos, a favor de una ley que ha estado en el centro del debate político desde que comenzó su tramitación en 2009, una ley muy controvertida que obliga a todos los ciudadanos a suscribir un seguro de salud y que extiende los beneficios sanitarios para toda la población. 

 Aunque ese es su valor fundamental, la solución de algunas de las más ostensibles injusticias sociales de este país, las repercusiones de la decisión del Supremo son hoy esencialmente políticas porque política ha sido la brutal oposición que se le presentó a esta ley desde un principio. Los republicanos la han puesto como ejemplo del modelo supuestamente intervencionista y socializante que pretende imponer Obama y la razón fundamental por la que es preciso derrotarle. 

 Las primeras reacciones reflejan ese clima de enfrentamiento. Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes y la figura que más batalló en el Capitolio para sacar adelante esta legislación, dijo que había celebrado esta victoria junto al resto de sus compañeros congresistas. Pelosi tuvo unas palabras de recuerdo para Edward Kennedy, que hizo de la sanidad universal el principal proyecto de su vida y murió sin verlo cumplido. En el bando contrario, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha insistido en que ahora es necesario que los republicanos obtengan en noviembre mayoría parlamentaria para que la reforma que han amparado los jueces sea derogada donde fue aprobada inicialmente, en el Congreso. Sarah Palin considera que esta sentencia equivale a “la muerte de la libertad”. Otros dirigentes conservadores insistieron en que la libertad individual se ve amenazada con esta decisión.

 Muchos en las filas republicanas se sienten hoy traicionados por el presidente del Supremo, John Roberts, un juez conservador nombrado por George W. Bush, ratificado con el voto en contra del entonces senador Obama, y que ahora ha venido a salvarle la cabeza al presidente uniéndose a los cuatro magistrados progresistas para conformar la mayoría que ha amparado la ley. Junto a Roberts, votaron a favor Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer. En contra se pronunciaron Antonin Scalia, Samuel Alito, Clarence Thomas y Anthony Kennedy. El juez Roberts explicó que la decisión fue tomada sin tener en cuenta ninguna consideración política. “No es nuestra función proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones políticas”, dijo. 

 Como suele ocurrir en este tipo de sentencias, la argumentación del tribunal es compleja y dio lugar a alguna confusión inicial sobre su interpretación. Los jueces no contemplan la constitucionalidad de la ley desde los mismos principios que el Gobierno. Los magistrados entienden que el Congreso no tiene autoridad para obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud sobre la base del artículo de la Constitución que limita la actuación federal en materia de comercio. En cambio, sí reconoce el derecho del Legislativo a imponer una multa a todo aquel que no tenga un seguro de salud, entendiendo esa atribución dentro de la autoridad de los congresistas para regular impuestos y tasas. “El requerimiento de que ciertos individuos paguen una multa por no obtener un seguro de salud”, escribe Roberts en nombre de la mayoría, “puede ser calificado razonablemente como un impuesto, y puesto que la Constitución permite tales impuestos, no es nuestro papel prohibirlo”. 

 Por tanto, por una vía distinta a la que la Administración pretendió en la presentación del caso, el Supremo da luz verde al texto íntegro de la ley. Solo corrige a los legisladores en una particularidad sobre la capacidad del Gobierno federal para intervenir en un programa de ayuda sanitaria a los pobres (Medicaid) cuya administración corresponde a los Estados. 

 Los republicanos tienen ahora que reconstruir toda su estrategia electoral. Romney ha precisado que lo que el Supremo ha hecho es únicamente avalar la constitucionalidad de la ley, no su calidad. “Esta reforma era mala ayer y sigue siendo mala hoy”, afirmó. Pero es evidente que sus argumentos se han debilitado considerablemente y que este no va a ser un asunto que pueda explotar en su campaña electoral. 

 Tampoco Obama puede dar por sentado que el respaldo a esta ley es el respaldo a toda su gestión. Obama podría haber ganado las elecciones si la reforma hubiera sido rechazada y las puede perder aunque haya sido apoyada, puesto que, pese a su gran importancia, ese no es el terreno principal en el que se decide el nombre del próximo presidente. Esta decisión del Supremo ayuda, por supuesto, al presidente porque le da legitimidad y eleva su estatura como estadista –hubiera ocurrido exactamente al contrario en el caso de una sentencia adversa-, pero el principal terreno electoral sigue siendo el de la economía. Obama lo sabe y por eso dijo, tras felicitar a todo el país por este triunfo, que “ahora es el momento de mirar hacia delante y crear los puestos de trabajo que los ciudadanos necesitan”.

domingo, 24 de junio de 2012

Canfranc: Último tren a la libertad


El enésimo proyecto para recuperar la estación de Canfranc coincide con nuevas revelaciones sobre su papel en la huida de judíos y miembros de la Resistencia en la II Guerra Mundial

JERÓNIMO ANDREU 

 La estación ferroviaria de Canfrac es desde hace 40 años un naufragio a los pies de los Pirineos. Paso privilegiado entre España y Europa durante la II Guerra Mundial, por la estación entraron en la península Ibérica tanto el oro robado por los nazis como espías aliados o judíos que escapaban de los campos de concentración de Hitler. Desde que en 1970 el paso francés de l'Estagnet se cerró, ya no llegan trenes a la terminal. Solo continúan atravesando el apeadero las iniciativas para rehabilitarlo. Ninguna se detiene demasiado tiempo, y Canfranc sigue su lenta decadencia, esperando como un Titanic destripado sobre la hierba, con las vísceras de vidrio y metal expuestas al sol. 

 Visto que tampoco fructificará el último gran proyecto de la era del ladrillo —un hotel de lujo anunciado en 2000— el Gobierno de Aragón anunció hace dos semanas que comprará la terminal a Adif por el precio simbólico de 310.062 euros. Su esperanza es que un plan más modesto encuentre menos escollos. A la espera de que se complete la operación, punto de partida para —inversión privada mediante— la construcción de un centro universitario, un hotel y algunos bares y comercios, las instalaciones continúan deteriorándose. El año pasado se incendiaron dos vagones y, esta semana, un vecino del pueblo (con 650 habitantes) impidió que unos ladrones de cobre se llevaran 23 baterías de los trenes abandonados alrededor del edificio. Los cacos huyeron y dejaron el botín sobre las vías muertas, entre la basura y los escombros.

 Canfranc no es solo una espectacular muestra de arquitectura modernista, ideal en la función de decorado para películas de época o sesiones fotográficas de moda vintage como las que de vez en cuando llevan por allí a equipos de cámaras y modelos extradelgadas. También representa uno de los puntos más singulares de la historia moderna española. Estación internacional cogestionada con Francia desde que en 1928, la inauguraron Alfonso XIII y el presidente galo Gaston Doumergue. Durante la II Guerra Mundial se entrelazaron en sus vías la red de suministro nazi y la ruta hacia la libertad de los fugitivos del Tercer Reich. En virtud de su carácter semifrancés, también es el único punto dentro de España donde ondeó la bandera con la esvástica nazi después de que en 1942 Vichy se apuntara a colaborar con Berlín. 

 El oro nazi, cuyo tráfico estaba prohibido en Europa durante la guerra, se transportaba hasta Canfranc tanto en camión como en tren después de ser blanqueado en los bancos suizos. Está documentado el paso de 90 toneladas por la frontera. Una parte del metal se utilizaba para comprar en España y Portugal wolframio para blindar los tanques nazis, pero la mayoría continuaba hasta Lisboa y, desde allí, se embarcaba a Sudamérica. Lo que no podían evitar los alemanes es que los mismos convoyes del oro transportaran en sus bajos a paracaidistas aliados, espías o documentos de la Resistencia francesa camino de Argelia o Londres.  

A medida que se ha ido profundizando en los secretos de la estación, siguen llegando revelaciones sobre estos intercambios. En el libro de reciente publicación Canfranc. El oro y los nazis (Mira Editores), el periodista Ramón J. Campo, principal impulsor de las investigaciones alrededor de la estación, plantea un importante descubrimiento. Se trata de la identificación de 272 extranjeros (la mayoría judíos de toda Europa, pero también periodistas británicos, directores de cine alemanes o ciudadanos canadienses) que Franco ordenó encarcelar en la Torre del Reloj de Jaca tras atraparlos en su fuga de los alemanes por los Pirineos. 

 La posición del franquismo respecto a la permeabilidad de sus fronteras durante la contienda mundial fue inconstante y oportunista. A lo largo de la primera parte de la guerra, Canfranc sirvió de gatera para miles de refugiados que aprovechaban el discutible carácter neutral de España para escurrirse de los nazis. Los refugiados se bajaban con un suspiro de alivio en el vestíbulo de la estación, los agentes franceses les ponían en el pasaporte el sello de salida y pasaban a España. Así funcionó el sistema hasta que en noviembre de 1942 en el puesto se instalaron 50 militares de la Brigada de Cazadores de Montaña de Baviera. En ese momento se acabaron las medias tintas y la Gestapo comenzó a detener y deportar a todo refugiado que se le cruzara. El vestíbulo de la terminal pasó de puerta de la libertad a escenario de amargura para familias que habían recorrido media Europa antes de caer en poder de sus verdugos. Lo comprobó Joseph Lapuyade, uno de los prisioneros de la cárcel de Jaca cuyo caso está documentado. El francés, tras escapar de los nazis que le habían detenido para interrogarlo, se escondió en Pau en un tren guardando en el puño las reseñas de un aduanero de la estación internacional que debía ayudarle. No pudo ser y terminó detenido. 

 La caminata por los Pirineos quedó consecuentemente como única forma de entrar en el país. Los fugados solían contactar en Pau con guías que les ayudaban a pasar la frontera por unos 5.000 francos. Una vez en España, debían valerse ellos solos, por lo que no era raro que se perdieran y muriesen de frío en los pasillos de hielo de las montañas. Lo que no cambiaba es que su destino seguía siendo Canfranc, porque el tren hacia Lisboa o Algeciras representaba la única forma de burlar a la policía. 

 Dentro de la lógica móvil de la dictadura, hasta 1942 muchos de los carabineros que vigilaban la frontera colaboraron con los refugiados guiándolos hacia Canfranc. Sin embargo, cuando se recrudeció la presión alemana, los españoles enfoscaron los pasos y pasaron a detener a todos los fugitivos. Las celdas jaquesas servían de paso previo al campo de concentración de Miranda de Ebro, desde donde se deportaba a los prisioneros a sus países o a las zonas aliadas del norte de África. 

 Los informes que los funcionarios franquistas han dejado sobre los presos plantean que existía un millón de razones para huir de los nazis. Una parte importante de los fugitivos eran franceses que querían evitar “ser llevados a Alemania a trabajar en las industrias”; junto a ellos, abundaban los judíos provenientes de países del Este “portadores de cantidades considerables de alhajas y oro”. Los documentos retratan separaciones dramáticas, como la de Madelaine Wayemus, una francesa detenida cuando intentaba encontrarse con su marido, Lajb Kirzsbaum, polaco judío que ya estaba en el campo de concentración de Miranda de Ebro. La mujer confesó que había dejado a su hijo de dos años en Francia con la esperanza de que más adelante pudiera reunirse con ellos mediante un ferroviario que pasaría por Canfranc. 

 Una vertiente de preso más aguerrido la representaba un tal Marcel Proust que, en lugar de dedicarse a la contemplación de magdalenas, era teniente de aviación de camino a África “para luchar con los aliados”. El 26 de marzo de 1943 ingresó en Jaca con su hermano, sargento, tras ser detenidos en Biescas. El funcionario apuntó: “[Marcel Proust] tiene opinión mala de los alemanes en todos los conceptos”. En los informes no se especifica en qué fecha ni con qué destino salió de la cárcel. 

 Ahora Campo y otros investigadores insisten en la necesidad de acelerar la recuperación de la estación y abrir un museo antes de que la memoria de los sucesos se pierda. Para comprender lo frágil que es esta, bastan unas palabras con Jeannine Le Lay, hija del antiguo jefe de la aduana francesa en Canfranc y miembro de una red de espionaje que nacía en la estación. En una breve conversación telefónica con EL PAÍS, Le Lay explica que está muy enferma y no se encuentra con ánimo para alharacas. Ella es testigo y coprotagonista de uno de uno de los episodios más pintorescos de la historia de Canfranc: la huida de su padre a Argel ante la evidencia de que los nazis y la policía franquista se disponían a capturarlo. 

 Pieza clave en la comunicación entre Francia y los estados mayores de Reino Unido y EE UU, el bretón Albert Le Lay facilitó el paso en ambos sentidos de muchos secretos, espías y maquinaria al servicio de la Resistencia. Entre sus hazañas se encuentran la de introducir en Francia vía España el primer transmisor que permitió a los resistentes de París comunicarse con Londres. Muy pocos de los vecinos del pueblo oscense se imaginaban que el cortés Le Lay, siempre impertérrito, pasó un año aguantando sobre su nuca el aliento de la Gestapo después de que esta desmantelara la red de espionaje a la que pertenecía. Una tarde de 1943, conocedor de que los alemanes llegarían a por él en el tren de las nueve de la mañana siguiente, el aduanero, su mujer y su hijo pequeño escaparon de Canfranc fingiendo un paseo por las vías de tren. A pie y con candiles, cruzaron dos túneles en dirección a Zaragoza hasta que llegó a buscarlos un taxi que les había enviado desde la capital aragonesa un colaborador. Actuando de señuelo, su hija adolescente Jeannine se quedó en el pueblo y esperó para escabullirse en el tren justamente anterior a la llegada de los nazis. Al descubrir que el espía había volado, los alemanes ordenaron a la policía española seguir a Jeannine hasta Zaragoza. Esperando darles esquinazo, la chica se escondió en casa de un médico con cuyo hijo acabaría casándose, Víctor Fairén. La policía no desistió y se plantó en la puerta del doctor, que tuvo que inventarse una enfermedad contagiosa para que la policía no detuviera e interrogase a su futura nuera. Ajeno a este vodevil, Albert Le Lay siguió su camino hasta Argel. Por carretera hasta Sevilla; a Gibraltar a bordo de un barco en el que se camufló de marinero, y finalmente hasta Argel en avión. Después de la guerra, el aduanero aún regresó a Canfranc rechazando el puesto que cuentan que le ofreció Charles De Gaulle en su Gobierno. Nunca le gustó hablar de sus aventuras durante la guerra. Simplemente opinaba que hizo lo que le tocaba hacer. 

 Estas son solo algunas de las historias de la estación. Todos los descubrimientos han llegado de forma encadenada. El disparo de salida lo dio el hallazgo de Jonathan Díaz, un conductor de autobuses francés que, paseando una tarde del año 2000 por las vías igual que si fuera Le Lay, encontró unos papelotes que revelaban la existencia de los trenes del oro. A partir de esa chispa muchos hijos comenzaron a recordar aventuras que les habían oído a sus mayores: trabajadores de la aduana que cargaron lingotes suizos, curiosos que llegaron a vislumbrar pinturas y cajas de relojes dentro de camiones alemanes, padres que fueron a la cárcel por ayudar a la Resistencia... 

 Hace cuatro años, mientras Ramón J. Campo almorzaba en Canfranc con Dolores Pardo, una costurera que había pasado documentos muy secretos en el tren a Zaragoza, se acercó a ellos la camarera. “¿Son ustedes los del oro?”, preguntó. “Aquí sabemos muchas historias. Hace poco vino una anciana americana con su hija, aunque hablaban alemán. Quería enseñarle por dónde huyó de los nazis”. De ese relato sale otro de los capítulos del libro de Campo. 

 Cruzando los dedos, en el pueblo esperan que la apertura de un museo sirva para seguir tirando del hilo de su historia antes de que sea demasiado tarde. En la última década, Aragón ha invertido ocho millones de euros para evitar que la histórica estación pirenáica se desmorone. Gracias a ellos la estructura y el techo aguantan, pero el interior sigue siendo un desastre. Solo arreglar el vestíbulo se calcula que costará más de tres millones de euros, y ni en la mejor de las previsiones se espera que este paso previo a la reutilización del espacio sea posible antes de 2014; y eso contando con la cada vez más esquiva posibilidad de que la crisis permita reactivar el mercado inmobiliario. No parece aconsejable albergar grandes expectativas, al menos a corto plazo. Una vez muertos los héroes, todo son decepciones.

miércoles, 20 de junio de 2012

Assange pide asilo político en la embajada de Ecuador de Londres

La Embajada ecuatoriana confirma que el australiano está bajo su protección. El fundador de WikiLeaks denuncia una persecución contra él. 

Julian Assange ha pedido asilo político a la embajada de Ecuador en Londres. Con esta maniobra, el fundador de WikiLeaks estaría tratando de evitar, in extremis, la extradición a Suecia donde la Justicia le reclama para ser interrogado por cuatro delitos sexuales. Assange había agotado ya todas las vías a falta de la apelación al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

 El ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, fue el primero en dar la voz de alarma al asegurar a la prensa que el fundador de WikiLeaks había solicitado asilo al país andino, un requerimiento que está siendo en este momento evaluado por el Gobierno. Además, Julian Assange se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres según han confirmado la propia cancillería y la organización WikiLeaks a través de su twitter. 

 "Ecuador está estudiando y analizando esta petición", ha asegurado Ricardo Patiño en Quito. El ministro ha añadido que Assange envió una carta al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la que asegura que hay una "persecución" contra él, por lo que reclama asilo político. El pasado día 17 de abril el fundador de WikiLeaks entrevistó en su programa The World Tomorrow , de la televisión Russia Today, al presidente Correa. 

 Rafael Correa tiene con la prensa de su país un enfrentamiento permanente desde que inició su mandato. Considera que los grandes medios están en manos de fuerzas económicas que tratan de hacer descarrilar su proyecto social porque sienten amenazados sus intereses. El enfrentamiento más conocido es el que tuvo con el diario El Universo. El presidente presentó una demanda particular por difamación contra los dueños del periódico y un editorialista por una información. En un proceso rodeado de sospechas de parcialidad, la máxima instancia judicial ecuatoriana condenó al diario a indemnizar al presidente con 40 millones de dólares y dictó penas de prisión para los demandados. El proceso fue presentado como una lección para la prensa, a quien el presidente se refiere a veces como “el sicariato de la tinta”, un aviso a navegantes de que ya no se puede publicar cualquier cosa sobre el Gobierno en Ecuador. Sociedades internacionales de prensa y de derechos humanos han condenado reiteradamente el acoso de Correa a los medios de comunicación.

 Wikileaks ha recordado a través de su Twitter que la BBC publicó un ofrecimiento de asilo político de Ecuador a Julian Assange a finales de 2010. 

 El Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó el pasado 30 de mayo la extradición a Suecia de Assange pero su abogada Dinah Rose consiguió que la decisión se suspendiera por espacio de dos semanas. La Corte Suprema, sin embargo, rechazó el recurso dos semanas después, dejando a Assange como última solución la apelación al Tribunal de Estrasburgo. En caso de que este tribunal aceptara tomar en consideración el caso de Assange, la orden de extradición quedaría paralizada pero por lo pronto Julian Assange ha optado por la vía de la petición de asilo. 

 El editor australiano lleva más de 500 días bajo arresto domiciliario. Sobre Assange pesa una denuncia interpuesta por dos mujeres por cuatro delitos sexuales entre los cuales el más grave es el de violación. Hasta el momento no existe ningún cargo presentado contra el australiano. La Justicia sueca decidirá, cuando le haya interrogado, si los presenta.

viernes, 8 de junio de 2012

Asturias, bajo las huelgas del transporte y la minería

 Barricadas a todo tren

  La movilización minera sube de tono y se concentra en los principales accesos a la Meseta, sobre todo en el ferroviario. Aunque ayer hubo cortes intermitentes por barricadas en numerosas carreteras, entre ellas la del aeropuerto, los principales problemas se registraron en la autopista del Huerna y en el puerto de Pajares, donde los piquetes levantaron numerosas barricadas. Además, la línea de tren entre el Principado y León permaneció cortada de las once de la mañana a las ocho y media de la tarde, por daños en las catenarias y por la presencia de objetos en la vía. Cientos de viajeros de los Alvia entre Asturias y Madrid se vieron afectados por los retrasos, las cancelaciones y por el bloqueo de cuatro convoyes en ruta.
  Desde el inicio de las movilizaciones del carbón y del transporte, y sumando las incidencias de ayer, se han producido en Asturias 109 cortes de carretera y 4 de líneas de ferrocarril.
  Una viga de hormigón colocada por los piquetes sobre la vía de Renfe en la localidad leonesa de Ciñera de Gordón, un árbol caído sobre la catenaria entre Puente los Fierros y Malvedo, en Lena, y otro sabotaje en el tendido eléctrico en Navidiello, en el puerto de Pajares, mantuvieron cortada la conexión por tren entre Asturias y la Meseta durante prácticamente todo el día de ayer. Los problemas comenzaron a las once de la mañana en Ciñera, en cuyas inmediaciones se registró una nueva batalla campal entre piquetes y antidisturbios. Un grupo de huelguistas colocó una viga de hormigón sobre el tendido, provocando la interrupción del tramo ferroviario de vía única entre La Robla y Pola de Lena. El incidente dejó bloqueados a dos trenes Alvia, uno en Santa Lucía de Gordón y el otro en Pola de Lena.
 Tras una larga espera, y a la vista de que a las doce menos cuarto, cuando la circulación se había restablecido en León, caía derribado un árbol sobre la catenaria en Puente los Fierros, Renfe decidió que uno de los trenes retrocediera hasta Oviedo y que el otro hiciera lo propio hacia León, suspendiendo el servicio a la Meseta. A las cinco y media, con la vía despejada en Ciñera, quedaba solventada la avería en Puente los Fierros. Sin embargo, poco después se producía un nuevo sabotaje en la catenaria, en este caso en las inmediaciones de Navidiello, lo que obligó a cortar el tráfico, dejando a otros dos trenes bloqueados. La circulación se normalizó a las ocho y media.

martes, 15 de mayo de 2012

“Cuando cruzar la calle es ilegal un país se va al garete”

Laura, de 26 años, ha pasado 20 horas en el calabozo tras haber sido detenida en Sol. Volvía a casa de una discoteca y asegura que no había participado en las concentraciones. Otras tres personas fueron detenidas y no se habían manifestado, según los abogados del 15-M 

 Los tres días de aniversario del 15-M se han saldado, hasta el momento, con 19 detenciones. Indignados que no quisieron seguir las limitaciones horarias fijadas por Delegación de Gobierno, pero también de personas que sencillamente pasaban por allí. "Estás en el sitio equivocado en el momento equivocado", cuenta Laura Díaz que le dijo un agente tras su detención. Como ella, otros tres detenidos acabaron pasando 20 horas en los calabozos de la comisaría de Moratalaz y no se habían manifestado, según afirman los abogados del 15-M. 

 En la madrugada del domingo 13 de mayo, Díaz volvía a su casa después de estar bailando con amigos en una discoteca cuando se topó con el cordón policial que rodeaba Sol y aledaños. Esta alicantina de 26 años, periodista free lance que esa noche no estaba trabajando, simpatiza con el movimiento de los indignados. Hace un año participó en las manifestaciones, pero no lo ha hecho en esta ocasión. "Esta vez no he ido a nada, la verdad. Ese día había estado viendo por la tele un programa sobre el aniversario. Me llamaron unos amigos para salir a bailar, me comí un kebab y fui al Ocho y Medio donde pinchaba Mario Vaquerizo. Cuando me cansé, me volví a mi casa". 

 Díaz, que vive por la zona de Antón Martín, pretendía atravesar la zona cuando se topó con el cordón policial. "Volvía desde Tribunal e intenté bajar Preciados pero estaba acordonada. Le pregunté al agente, ¿y cómo lo hago? y me mandó a la calle del Carmen, que también estaba cercada. Pregunté de nuevo, un policía se enfadó y me inmovilizó". El vídeo de cómo un agente la retiene con fuerza contra un muro ha sido muy difundido. Laura recuerda el momento de forma confusa. "Llegó un punto que desconecté, me hacía tanto daño y era tan injustificado... Solo le pedía que dejara de hacerme daño, yo no estaba oponiendo ningún tipo de resistencia". 

 Ya en la lechera, Laura sacó su móvil y escribió en Facebook: "Me han detenido, ni siquiera sé a dónde voy, por favor haced algo". "Me pareció buena idea avisar a mis amigos antes que a mi madre y que se pusiera histérica". Una amiga llamó a todas las comisarías y otra contactó a través de Twitter con la comisión de legal del 15-M. En principio Díaz pidió un abogado de oficio, pero luego ha decidido que sean los mismos letrados de los indignados quienes se hagan cargo de su caso. "Supongo que se movilizarán más", dice. 

 La alicantina tiene el cuerpo dolorido y moratones en brazos y espalda. Del trato recibido en la comisaría de Moratalaz, dice: "Cada dos horas nos despertaban. Y a una chica le han dado un guantazo y le han partido el labio". Como el resto de los detenidos, Díaz está acusada de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. "Es el cargo comodín, nos acusan a todos de lo mismo. Yo no he pegado a nadie, no he increpado a ningún policía, tampoco desobedecí. Es muy triste todo. Por reiterativo que parezca es indignante. Cuando cruzar la calle es ilegal un país se va al garete".

martes, 24 de abril de 2012

Horas difíciles para la Monarquía

Tras la polémica por el viaje a Botsuana, el Rey pidió perdón e hizo propósito de enmienda. Ahora, en un entorno de crisis, llega para Don Juan Carlos el mayor reto: retomar la iniciativa. Este es el retrato político de su situación. 

Se preparó toda la vida para ser Rey, pero no para pedir perdón. Los reyes no se excusan, no dan explicaciones, no se justifican, no prometen enmendarse. Si sucede, es que algo muy grave está pasando, una crisis de proporciones desconocidas. Estos días, antes y después del impacto de las imágenes del Rey con la cabeza gacha reclamando a los españoles que le den otra oportunidad, prometiendo que no volverá a equivocarse, en todos los despachos del poder político y empresarial, las preguntas se repiten: ¿Estamos ante el ocaso de don Juan Carlos? ¿Superará la Monarquía esta crisis? ¿Ha llegado el momento de pensar en una abdicación? La de don Juan Carlos ha sido una vida acelerada, llena de sorpresas y momentos cumbre en los que todo podía salir fatal. En un país con dos repúblicas a sus espaldas, con un partido centenario como el PSOE de tradición republicana, con una izquierda y unos nacionalistas declaradamente antimonárquicos y una parte importante de la derecha que nunca quiso la Monarquía y mucho menos a este Rey, la tranquilidad estaba descartada. Pero nadie en su entorno, y mucho menos él mismo, pensó nunca que la crisis de credibilidad llegaría tan lejos precisamente en el momento más difícil, en el que sus 74 años, 36 de ellos como Rey, sus problemas de salud y sus dificultades de movimientos hacían que muchos, siempre en sordina, siempre en los cenáculos del poder en Madrid, hablaran ya de la sucesión. El Rey, señalan los que le conocen, se quedó muy impactado al comprobar la profunda indignación que había causado una noticia que nunca se pensó como tal. Como en otras muchas ocasiones, había preparado un viaje privado destinado a ser absolutamente secreto. Como otras veces —la fotografía que se ha publicado en una cacería y que ha rematado el escándalo es de 2006— se había organizado para él una cacería de elefantes en Botsuana. Otras veces fueron búfalos, otras osos en Rumanía. Siempre en secreto, invitado por algún empresario, españoles y extranjeros. Todo con la opacidad que ha caracterizado el mundo que le rodea. Pero esta vez, además, en la peor semana de la prima riesgo española, mientras el Gobierno anunciaba recortes duros en educación y sanidad. El Gobierno de Mariano Rajoy, una vez más, como antes el de José Luis Rodríguez Zapatero, había mirado para otro lado, como si no fuera asunto suyo. Mientras sea secreto, no hay problema, se pensaba. Rajoy, que conocía el viaje, no se animó a frenarlo, si es que en algún momento pensó que debía hacerlo. Decirle no a un Rey no es plato de buen gusto. Solo Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar lo hicieron algunas veces. Y con conflictos serios, porque don Juan Carlos, como cualquier Rey, no es un hombre acostumbrado a recibir negativas. Algunos políticos de ambos partidos consultados señalan que con Zapatero primero y ahora con Rajoy se ha perdido mucha formalidad en las relaciones entre el Gobierno y la Casa del Rey. En teoría, el Ejecutivo debe controlar y dirigir todo lo que hace y dice el Rey. Pero en la práctica ese control se ha relajado con los años, sobre todo en lo que se refiere a sus viajes privados y relaciones con millonarios de todo tipo, por lo que algunas de las críticas plantean ahora que Rajoy debe recuperar el mando. Algunos dirigentes señalan que el presidente está “preocupado y ocupado” y sin duda tratará a partir de ahora de estar mucho más encima. Señalan que a eso se refería el presidente cuando dijo el jueves a los periodistas, en un avión entre México y Colombia, ante una pregunta sobre el perdón del Rey: “Las cosas van a ir bien en el futuro”. La Casa del Rey se muestra dispuesta a mejorar la comunicación con el Gobierno. Lo cierto es que todo se ha aliado para formar la tormenta perfecta. El Rey se rompió la cadera en la cacería. La Zarzuela dudó durante 36 horas en los que todo se mantuvo en un secreto impensable en cualquier otra institución. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Alguien incluso planteó contar oficialmente que se había caído en Madrid. Un riesgo enorme: si se desvelaba al viaje, al escándalo se sumaba la mentira. Se descartó. Al final, cuando don Juan Carlos ya estaba en un hospital español preparado para ser intervenido, se intentó una voladura controlada del escándalo, al estilo tradicional. Un día y medio después. Pero fue imposible. Se hizo público el viaje sin muchos detalles, pero los suficientes —caza, Botsuana, elefantes— y la prensa ató rápidamente cabos: safari elitista, escapada en la peor semana para la prima de riesgo, poco después de haber dicho que el paro juvenil le quitaba el sueño y pedir a los empresarios que arrimaran el hombro. Desde ese momento, el Rey ha podido comprobar la magnitud de la crisis institucional a la que se enfrenta. Ha leído prensa, ha visto la televisión, ha escuchado la radio. Pese al evidente respaldo tanto del Gobierno y el PP como del PSOE, al menos de la dirección del PSOE, el escándalo crecía a cada hora, alentado por los detalles que iban narrando los medios de comunicación y un fenómeno con el que la Monarquía, acostumbrada a resolver las crisis en despachos, no contaba: las redes sociales. Don Juan Carlos y sus asesores comprobaron con estupor cómo se rompía definitivamente el tabú de los viajes, las amistades y la vida privada del Rey, que resistió durante 36 años de reinado, para sorpresa de muchos observadores extranjeros, acostumbrados a que la prensa amarilla despelleje a sus monarcas. Durante cinco eternos días de crisis, el Rey llegó a una conclusión muy clara, empujado por sus asesores: o hacía algo muy radical para intentar recuperar el prestigio y el afecto de la ciudadanía, sobre todo la que no es monárquica pero respeta su figura por sus méritos durante la Transición, o podía estar frente al final de su carrera. La conclusión se perfiló hasta llegar a una idea: “O pide perdón, o está muerto políticamente”. Y lo hizo: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Una petición de disculpas nítida, que no ha dejado a nadie indiferente, y que ha permitido al PP y al PSOE salir de nuevo en su apoyo sin matices. En una España en la que ya parecen rotos todos los pactos tácitos, en la que se habla de casi todo, el Rey sigue siendo, para la política y el empresariado, para el poder, una figura casi intocable. Como demuestra el hecho de que todos los consultados para este artículo —políticos del Gobierno y la oposición, empresarios— hayan pedido el anonimato para analizar la situación de fondo. Algunos han rechazado ese análisis incluso bajo la condición de anonimato, porque entienden que eso podría perjudicar de alguna manera al Rey. “He jurado mi cargo con lealtad al Rey, y eso incluye no criticarle de ninguna manera, ni siquiera off the record”, señalaba un miembro del Ejecutivo. La preocupación está creciendo. Todas las alarmas saltaron en octubre de 2011, cuando el CIS detectó que, por primera vez en la historia, la Monarquía suspendía en valoración ciudadana, con un 4,89 sobre 10. Las encuestas de Metroscopia detectan además algo más profundo: los jóvenes por debajo de 35 años, que no vivieron la Transición ni el golpe de Estado, no comprenden la utilidad de la Monarquía. Si en 1996 apostaban por ella el 66% de los encuestados frente a un 13% de republicanos, en 2011, ha pasado a un 49% a 37%, siempre a favor de la Monarquía. Entre los menores de 35 años hay un empate a 45%. Pero lo más preocupante para los políticos es que encuestas recientes que se manejan estos días en los despachos indican que el deterioro de don Juan Carlos e incluso de rebote del Príncipe —aunque menos— es muy importante y que en los menores de 35 años, la república ya supera claramente a la Monarquía como preferencia, por primera vez desde 1978. ¿Qué hacer? La Zarzuela habla de mucha mayor transparencia, algunos de cambio de rumbo. Esto es, no más cacerías en plena crisis, no más silencio sobre las cuentas y los regalos del Rey. Señalan que ya empezaron esos cambios el año pasado al publicar, por primera vez, cómo repartía el Rey las asignaciones entre los miembros de su familia. El nombramiento hace ocho meses de un nuevo jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y hace mes y medio de un nuevo responsable de comunicación, Javier Ayuso, respalda esa idea de la renovación. Ambos tienen por delante un reto difícil: adaptar una institución por definición arcaica y reservada al mundo abierto e hipercrítico de siglo XXI. Se plantean, de momento, una gran reforma de la web para dar mucha más información de todo lo que sucede en esa casa. El Gobierno, en privado, también señala que está dispuesto a cambiar cosas. Pero a la hora de la concreción no hay nada claro. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ha dejado clarísimo, antes y después del escándalo, que la Casa del Rey queda excluida de la ley de transparencia porque no es una administración pública. Tampoco parece claro si el Gobierno está dispuesto a dar mucha más formalidad y transparencia a sus relaciones con la Casa del Rey. 33 años después de aprobar la Constitución, aún está pendiente la ley orgánica que prevé para regular la jefatura del Estado, que debería precisar entre otras cosas las labores del Príncipe en una circunstancia como la actual, cuando su padre está de baja. El Rey es inimputable, pero Don Felipe ni siquiera es aforado, nada regula sus funciones. Tampoco se ha abordado la reforma constitucional para eliminar la prevalencia de la mujer en la sucesión. Si el Príncipe tuviera un hijo varón, esta norma impediría en su día reinar a doña Leonor, su hija mayor. PSOE y PP no se animaron a sacar adelante la reforma por el temor de que se reabriera precisamente el debate sobre la Monarquía. Lo que más preocupa ahora es la figura de don Juan Carlos. El Rey siempre ha presumido de olfato político. Y todos los que le conocen insisten en que lo tenía, y muy desarrollado. Se cuenta la anécdota de que él, con su conocida simpatía burlona, decía a veces a los íntimos: “Yo de aquí (señalando a la cabeza), no mucho, pero de aquí (señalando a la nariz) mucho”. Por eso ha sorprendido la falta de olfato y empatía con una sociedad en crisis que demostró con su viaje. En los círculos de poder se maneja una hipótesis muy extendida. Señalan que el Rey ya no está tan pendiente de los asuntos de actualidad como antes. Que está cansado. Dicen que le afectó mucho la operación para extirparle un tumor en el pulmón en mayo de 2010. Finalmente, los médicos concluyeron que no tenía cáncer. Pero el susto fue enorme. Y desde entonces, su actitud ante la vida ha cambiado mucho, señalan distintos dirigentes. Ya no está encima de las cosas, parece incluso cansado de reinar, algo aparentemente impensable. Incluso se le ha escuchado decir, ante alguna reclamación especial, que ya no se le pueden pedir tantas gestiones como antes, que no puede acudir a tantos actos. Su ausencia en la final del Mundial de fútbol de Sudáfrica, donde le sustituyó el Príncipe, fue muy comentada. Él insiste en reclamar su derecho a vivir más intensamente su ocio en los últimos años de su vida. Pero el Rey, eso lo tienen clarísimo todos los consultados, no quiere abdicar. No cree en esa solución. De hecho, en las brevísimas palabras que pronunció el miércoles incluyó un mensaje claro para todos los que especulan con la abdicación: “Me encuentro muy bien y estoy deseando volver a mis obligaciones”. El viernes, para rematar con gestos ese mensaje, despachó con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como si nada hubiera pasado. Eso sí, no hubo foto. El relevo, sin embargo, lleva mucho tiempo en preparación. Incluso los que ven razonable la abdicación saben que es prácticamente imposible, porque el Rey no quiere. La mayoría, además, no la considera oportuna. “Si llega la abdicación, será por razones naturales [esto es, por una incapacidad muy clara] y desde luego en ningún caso como reacción a un escándalo, ni por presión externa. Si no fuera así esa abdicación contaminaría el reinado de Felipe”, señala un dirigente del PP. Sin embargo, y para preparar ese momento, el Príncipe lleva mucho tiempo trabajando todos los círculos políticos y económicos españoles e internacionales, acudiendo a las tomas de posesión de todos los presidentes latinoamericanos. De hecho, otra de las grandes preocupaciones que esta crisis ha devuelto al primer nivel es que el Rey está perdiendo, poco a poco, esa gran influencia en América Latina que tenía, que superaba a la de cualquier Gobierno. Varios dirigentes clave de la época de Aznar recuerdan el enfado monumental entre el presidente y Don Juan Carlos porque éste quería viajar a la Cuba de Castro para restaurar las relaciones y el jefe del Gobierno no le dejó. Ahora, una nueva generación de dirigentes parece estar perdiendo el respeto al Rey. Incidentes como el “¡Por qué no te callas!” a Chávez fueron muy populares en España, pero lejos de aumentar, disminuyeron su influencia en una clase dirigente latinoamericana cada vez más alejada de la madre patria. La burla de Cristina Fernández de Kirchner sobre la similitud entre la curva de la producción de petróleo en Argentina y la trompa de un elefante han puesto en evidencia esa realidad. Las cumbres iberoamericanas, antes grandes momentos para el Rey, han ido perdiendo peso. El caso de la expropiación de Repsol, donde la mediación del Rey, que existió, ha sido infructuosa, también remata esa imagen. El monarca estaba en Botsuana precisamente cuando se estaba terminando de tomar esa decisión. Mientras se trabaja a la nueva generación de líderes latinoamericanos, don Felipe busca la cercanía de todos los políticos españoles, sobre todo los de su generación y las siguientes. Los que mandarán cuando él sea Rey. Al heredero le preocupan especialmente los jóvenes. Sabe que su padre logró su legitimidad entre los españoles no tanto del pacto constitucional que sancionó la Monarquía, sino sobre todo de su tarea durante la transición y, especialmente, el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y él tendrá que ganársela de otra manera, o al menos intentarlo. El Príncipe, como antes hizo el padre, cuida especialmente a los no monárquicos, algo que indigna a la derecha extrema, que considera a los Borbón demasiado cercanos a los socialistas. Todos los políticos consultados, también los del PP, asumen que la clave para que la Monarquía aguante es que el PSOE mantenga su apoyo incondicional. Solo eso frena, señalan, que el debate Monarquía-república se instale definitivamente en la sociedad. Don Felipe está informadísimo de todos los movimientos pro-república, sabe qué pueblos gobierna Izquierda Unida, conoce a sus dirigentes, y siempre quiere saber hacia dónde va el PSOE en este asunto. Es muy distinto de su padre, señalan quienes le conocen. Muy profesional, respetuoso, atento, pero nada campechano. Aunque la verdadera inquietud del Gobierno y del PP estos días no eran las grietas en la izquierda, sino precisamente entre los monárquicos y la derecha moderada. El artículo en El Confidencial de José Antonio Zarzalejos, exdirector de Abc, en el que planteaba que el Rey estaba tirando por la borda todo el apoyo que se le ha dado y apostaba ya por don Felipe, causó un gran impacto en el Ejecutivo y el PP. La sucesión no es, en cualquier caso, la principal preocupación. El Príncipe ha conseguido, en el peor momento, mantener su imagen. El problema es la crisis institucional, que está lejos de ser resuelta, admiten prácticamente todos los consultados. El problema de fondo es que el viaje a Botsuana ha sido solo el final de un largo proceso de deterioro de la imagen de la Monarquía y del monarca. Ha sido el elefante que colma el vaso, ironizan algunos, pero la verdadera gota malaya que machaca cada día a son Juan Carlos y a la Monarquía es el caso Urdangarin. Asociar a la Familia Real con uno de los casos de corrupción más conocidos de España es algo mucho más grave que una cacería. Justo en el peor momento de la crisis, mientras el Rey estaba ingresado en el hospital, se publicaron unos correos electrónicos de Iñaki Urdangarin que indicarían que el propio Don Juan Carlos, mucho después de pedir —eso es lo que se contó— a su yerno que abandonara sus negocios privados, hizo gestiones ante el presidente valenciano, Francisco Camps para favorecer al marido de su hija Cristina. El problema, y a nadie se le escapa en los círculos del poder, es que ese asunto puede agravarse, porque el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, enfrentado abiertamente con él, parece dispuesto a hacer pública toda la información de que dispone y amenaza con salpicar aún más a don Juan Carlos en un caso del que ha intentado alejarse separando incluso a su hija Cristina de la familia, hasta el punto de que no ha ido a visitarle al hospital. Un cortafuegos importante, rematado por el discurso de Navidad —“la Justicia es igual para todos, las personas con responsabilidad pública debemos observar un comportamiento adecuado, ejemplar”— en el que claramente se alejaba definitivamente de Urdangarin. Entonces, la política apoyó al Rey y trató de separarlo del caso. Si ahora su nombre queda asociado al escándalo, el daño puede ser mucho mayor. Un empresario lo expresa con claridad: “Curiosamente, la magnitud de la polémica del elefante ha tapado el bosque del caso Urdangarín. Eso unido a su simpatía y tremenda popularidad le ha permitido salir del atolladero y seguir adelante como si no hubiera pasado nada, cuando posiblemente sería el momento de pensar en otras cosas, como la sucesión”. El Rey sigue suponiendo un enorme capital político para España. No solo por su experiencia, sino sobre todo por sus contactos, labrados en casi 40 años de relaciones internacionales. Y por sus vínculos con monarquías que, al contrario que la suya, sí gobiernan y controlan los negocios de países clave, especialmente los árabes. Su papel ha sido fundamental en el estratégico contrato que un grupo de empresas españolas acaba de cerrar para construir el AVE Medina-La Meca, donde su influencia y la del Gobierno español competían con la de Nicolas Sarkozy. Son cuestiones que no llegan al gran público, pero que en el mundo del poder son bien conocidas. El presidente de una gran compañía recuerda que “los grandes empresarios, sobre todo, le suelen pedir que interceda para allanar la expansión en el exterior o el camino para la consecución de contratos. Por tanto, que se debilite la figura es malo para la empresa española. Es evidente que este incidente ha abierto un boquete, aunque no creo que afecte a su credibilidad, sobre todo después de pedir disculpas, algo nada normal”. Otro señala que quizás debiera “explicarse más” las gestiones que hace para que las valore la ciudadanía. Varios de los consultados están muy preocupados por la posibilidad de que el Rey se desprestigie y deje de funcionar como un mecanismo para abrir puertas empresariales. Todos citan el reciente contrato del AVE en Arabia Saudí como un ejemplo claro, tanto que algunos señalan que fue a la cacería precisamente como gesto hacia quien facilitó el contrato. Y algunos están muy molestos: “Después de decir que no dormía pensando en el alto desempleo juvenil y de haberse reunido con los principales empresarios del país pidiéndoles que se esforzaran por crear empleo y por la internacionalización de su actividad, se descubre esta faceta del safari que le deja muy mal”, enfatiza otro. Lo que más preocupa a los políticos, aunque también a los empresarios, es el momento en el que ha llegado este escándalo. En plena crisis económica, con la política bajo mínimos, y el problema territorial, el de siempre, lejos de estar resuelto. La deriva soberanista de Convergéncia en Cataluña y la posibilidad de que en País Vasco haya una mayoría de PNV y Bildu en 2013 están ahí, fuera del primer plano porque la crisis económica lo ocupa todo, pero inamovibles. El Príncipe, que durante estas semanas de baja médica sustituirá al Rey en actos oficiales, comprobará en breve en primera persona esas dificultades. La final de la Copa del Rey se juega el 25 de mayo, y casi con seguridad entregará él el trofeo. De nuevo, el partido es entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, los dos equipos en cuyas aficiones tienen más fuerza los independentistas. La pitada al himno nacional y al propio Príncipe está descontada, pero esta vez se analizará aún con más detalle. Otros políticos introducen esta polémica en la sensación generalizada de crisis que se ha instalado en España. “Se puede hablar de fin de ciclo, incluso de fin de régimen. Y esto lo apuntala. Se ha hablado mucho del aplauso que recibió el Rey cuando inauguró las Cortes el 27 de diciembre. En realidad, si lo pensamos bien, nos estábamos aplaudiendo a nosotros mismos, a las instituciones que surgieron de la Transición, a la política, al régimen establecido, del que el Rey es la pieza maestra. Es el Rey que representa el gran pacto de España, el de no mirar atrás, porque él mismo juró las leyes del franquismo y luego la Constitución sin que se le pidieran cuentas”, señala un veterano diputado. “El problema es el cambio social. Si hace 15 años te dicen que se va a abrir una crisis institucional en España porque el Rey de ha ido a cazar elefantes a Botsuana no te lo crees. Lo ha hecho toda la vida. Siempre ha tenido relaciones con empresarios no muy recomendables. Todos recordamos muchas ocasiones en las que no era fácil saber dónde estaba el Rey. Él no ha cambiado tanto, aunque esté mayor y pueda tener menos tino. Lo que ha cambiado es la sociedad, que ahora escruta cada paso y machaca a todos los poderosos”, apuntala otro. “Esto es como la marcha verde en 1975. Cuando se percibe que un país está débil, todo se te viene en contra. Es evidente que el Rey está perdiendo imagen no solo en España, también fuera. Y eso va a perjudicar a nuestras empresas. El Rey siempre ha estado muy vinculado a todas las grandes operaciones económicas, sobre todo energéticas, no hay más que seguir sus viajes y ver el porcentaje de países petroleros o gasísticos que visita. La crisis es de fondo, afecta a muchas más cosas de las que parece, y deberían hacer todo lo posible por resolverla pronto”, señala otro destacado dirigente. La clave, a partir de ahora, está en ese “no volverá a ocurrir”. Se ha abierto la veda, y el Rey va a ser mirado con lupa como nunca lo ha estado. Algunos incluso piensan que puede ser un error esa promesa, porque no habrá un segundo perdón. Y el Rey, en los últimos meses, ha cometido bastantes tropiezos de imagen, como mandar callar a la Reina o enfadarse con los periodistas a los que acusó de exagerar con su salud. “Lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa”, les llegó a decir. El Rey es consciente, señalan los que le conocen, de la gravedad de la situación. Y tiene ese propósito de enmienda. Se dejará aconsejar, se analizará con mucho más detalle todo lo que hace, aunque tampoco piensa renunciar a su vida privada. Pero en cualquier caso ahora sabe que el pacto de silencio de la Transición ha quedado definitivamente roto. Si no en la alta política, sí en la sociedad. Y ya no va a volver. Por eso algunos confían en que el perdón del miércoles indique que ha recuperado ese conocido olfato del que hacía gala. Porque a partir de ahora, y por primera vez en sus 74 años de vida, está sometido a una auténtica vigilancia de la sociedad. Un Rey que atraviesa sus horas más bajas y por primera vez en su vida, bajo examen en todas las facetas. Una situación de difícil gestión. Al analizar la petición de excusas, algunos han recordado que el precedente más parecido —no igual, porque no pedía perdón— fue el de Alfonso XIII. En una carta publicada en el diario Abc tras la proclamación de la República, el 17 de abril de 1931, el abuelo de Don Juan Carlos admitía que había cometido errores “alguna vez” aunque “sin malicia” y reconocía, después de unas elecciones en las que arrasaron los partidos republicanos, que había perdido el “amor” del pueblo. Lo dijo el día que abandonaba España, y la Monarquía quedó en suspenso hasta que su nieto fue coronado. La práctica totalidad de los consultados cree que las cosas esta vez no llegarán tan lejos y la Monarquía sobrevivirá. El tiempo dirá si es así, y sobre todo de qué manera se supera una crisis que ya nadie niega. Con información de Miguel Ángel Noceda. 

Los 15 minutos de la Reina 



Hace algunos años, el Rey definió a la Reina en un libro de José Luis de Vilallonga como una “gran profesional”. El calificativo fue interpretado como un cumplido. Pero la Reina esperaba un reconocimiento más cálido de su esposo. Los Reyes de España cumplen, el 14 de mayo, 50 años de matrimonio. La unión se mantiene formalmente, pero ha evolucionado siempre pensando en lo mejor para la Corona, y, por tanto, para don Felipe. El papel de la Reina en la familia real ha ido cambiando. Primero fue esposa; luego, madre, y ahora, mediadora y pacificadora. Ella es quien se encarga de tomar la iniciativa cuando hay crisis familiar, de recomponer la imagen de familia cuando hay problemas. Aunque le cueste cada vez más encarnarlo. Los 15 minutos que permaneció el lunes junto a su marido recién operado no pasaron desapercibidos. Como tampoco su decisión de no variar el viaje a Grecia, pese a que el Rey volvía de Botsuana con una cadera rota. La Reina decidía irse a Grecia mientras don Juan Carlos pasaba con otras compañías esos días de vacaciones en África. Los Reyes aparecen en público siempre que la agenda oficial lo exige, pero apenas comparten horas de ocio y familia. La Reina estuvo en Semana Santa con su hermana Irene en Palma de Mallorca. El Rey llegó con el tiempo justo de asistir el domingo a la misa de Pascua. Luego prosiguió viaje a Botsuana. El pasado verano, la estancia de don Juan Carlos en la isla se redujo a unos días. La Reina, sin embargo, se instaló en Marivent. En Navidad coincidieron pocos días. Se reunieron para la Nochebuena. Desde hace tiempo reciben el Año Nuevo cada uno por su lado. El propio Rey ha bromeado en público sobre algunas situaciones. Hace un mes, en una entrega de becas de La Caixa en la que confesó que el desempleo juvenil le “quitaba el sueño”, le pidió a la Reina en público que no interrumpiera sus palabras: “Está claro que a ella le gusta más la música”. El caso Urdangarin ha tensado más las relaciones. Esa profesionalidad que ve don Juan Carlos en su esposa quedó aparcada tras estallar el escándalo del Instituto Nóos. Fue entonces cuando doña Sofía decidió ser madre antes que reina y se dejó fotografiar con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Washington, una imagen muy criticada y calificada como inoportuna. Al Rey tampoco le gustó. Doña Sofía estos días ha hecho un nuevo intento de acercamiento tras la crisis del safari. Después de la visita de 15 minutos, en la que la pareja no se quedó sola ni un minuto y apenas se intercambió un breve saludo, decidió volver a la clínica al día siguiente. Pasaron juntos casi tres horas. Ella le dio un par de besos al llegar y le llevó un dulce. Comieron juntos y a solas. Hablaron mucho. De nuevo, ambos decidieron ser profesionales.

martes, 3 de abril de 2012

La amnistía fiscal es inconstitucional, según los inspectores de Hacienda

Los responsables de perseguir el fraude creen que la medida “deslegitima al Estado”. El PSOE ha encargado un estudio jurídico para averiguar si cumple la Ley Fundamental

La amnistía fiscal que ha anunciado el Gobierno para que los particulares o empresas que hayan defraudado a Hacienda puedan blanquear su dinero negro, sacarlo a la luz, sin sufrir ningún castigo —pagando solo un gravamen simbólico del 10%, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— es “éticamente impresentable”, un “atentado contra el Estado de derecho” y, además, “contrario a la Constitución”. Lo dice la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que, según su portavoz, agrupa al 95% de los 1.500 inspectores de España.

El cuerpo de funcionarios responsable de perseguir el fraude —integrado también por más de 8.000 técnicos y subinspectores— teme que la amnistía fiscal —“regularización extraordinaria”, en expresión del Gobierno— debilite su trabajo y provoque un “derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario”. La campaña de la renta empieza este mes.

El artículo 31 de la Constitución dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Eso va radicalmente en contra de una política fiscal que “a los que pagan impuestos, se los sube” y, “a los que no, se los perdona”, sostiene la IHE en una nota. “La amnistía deslegitima al Estado a la hora de cobrar los impuestos. ¿Con qué cara vamos a ir nosotros ahora a reclamar a un ciudadano que no ha declarado una colaboración a una revista, o cualquier pago, cuando se está aprobando un perdón legal a los grandes defraudadores?”, inquiere un portavoz de la asociación. El PSOE también ha encargado un estudio jurídico para averiguar si la amnistía es constitucional.

Esta no es la primera amnistía fiscal que se aprueba en España. Antes, ya con la Constitución en vigor, hubo otras dos: en 1984 y 1991, ambas bajo Gobierno del socialista Felipe González. Desde la asociación de inspectores admiten que “no hay una diferencia fundamental entre aquellas dos amnistías y la de ahora”, aunque la del PP, aseguran, es “más brutalmente explícita, más clara”.

El PSOE argumenta, por su parte, que en aquel momento no existía la Agencia Tributaria (se creó en 1992) y se estaban poniendo las bases de “importantes cambios normativos y organizativos tributarios que aconsejaban que los ciudadanos pudiesen ponerse al día”. Aquello fue un “mensaje contundente de última oportunidad” para los defraudadores antes de instaurar el moderno sistema fiscal español, señalan fuentes del PSOE. La amnistía del PP en 2012 es “una medida muy injusta que roza lo inmoral”, dijo ayer Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido. “Son momentos diferentes. Con la creación de la Agencia Tributaria se puso el contador a cero”, alegó.

Hace dos años, en 2010, Hacienda fue informada por Francia de la existencia de cientos de cuentas opacas de españoles en el banco HSBC en Suiza. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero instó a sus titulares —incluido Emilio Botín, presidente del Banco Santander— a que regularizaran su situación. En ese caso, también hubo un trato de favor, que consistió en avisar a esos defraudadores para que hicieran una declaración a posteriori y eludir así otras sanciones y el castigo penal pagando un recargo, explican desde la IHE (aunque el caso de Botín sí acabó al final en los tribunales). “Pero al menos no se perdonaron impuestos. Ya entonces dijimos que aquello rozaba la amnistía fiscal, porque a nadie se le avisa de esas operaciones. Fue bochornoso, pero está claro que todo se puede superar...”, se lamenta el representante de la asociación.

Los inspectores preguntan también cómo se evitará que el Gobierno acabe blanqueando dinero del narcotráfico u otras actividades criminales —“aunque se exija que se aclare la procedencia del dinero, ¿se va a comprobar que lo que se dice es verdad?”—, y temen que haya incluso quien quiera acogerse a la amnistía haciendo pasar por dinero negro lo que no lo es, para pagar solo un 10%. “Dice el Gobierno que va a ingresar 2.500 millones. Pero los efectos negativos, a corto y a largo plazo, de una medida que infringe el principio rector de la fiscalidad en España, ¿cómo se computan?”.

Las Diputaciones vascas se niegan a aplicar el perdón a los defraudadores

PEDRO GOROSPE, BIBAO
No estaban obligadas a hacerlo, pero en tiempos de recaudaciones a la baja, podrían haber mirado para otro lado. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, del PNV, abanderó ayer la frontal oposición de los nacionalistas a aplicar la amnistía fiscal de Rajoy, que calificó de “eufemismo” para “blanquear capitales” de manera oficial.
Aunque la competencia exclusiva de las Diputaciones vascas para regular IRPF y Sociedades ha hecho que a veces adopten medidas al límite de la legalidad, como los pagarés forales en la década de los noventa, o las actuales sociedades de promoción de empresas (SPE), y la han sobrepasado claramente en otras, como las vacaciones fiscales —rebajas en el impuesto de sociedades consideradas ayudas ilegales de Estado por la UE—, Bilbao se negó ayer a perdonar a los defraudadores por motivos de “ética y conciencia”.
“No da igual” que su dinero “proceda de la droga, del tráfico de armas o del pelotazo inmobiliario. No vale todo”, dijo el diputado, pese a que extender la medida le podría haber supuesto a Euskadi unos 156 millones de euros, que salen de aplicar el 6,24% —el teórico peso que se atribuye a la economía vasca en el concierto nacional— de los 2.500 millones que estima recaudar Rajoy.
La negativa de las Diputaciones vascas se extiende a regularizar los beneficios de las filiales —ubicadas en paraísos fiscales— de empresas españolas en caso de que decidan repatriarlos, con un único pago del 8%.
La postura de Bilbao y del PNV cierra la puerta a que Bizkaia y Álava apliquen la medida. En Bizkaia el PNV tiene mayoría absoluta y, aunque en Álava gobierna el PP, lo hace en minoría, y sin el apoyo del PNV —el PSE también la rechaza— no puede aplicarla. En la Diputación de Gipuzkoa, la coalición abertzale Bildu, que gobierna con mayoría, tampoco la va a aplicar.
Con esta medida, el PNV se aleja del PP en Euskadi, pese a que ha sido su aliado en materia fiscal para frenar la reforma tributaria del lehendakari.

Brasil endurece los criterios de entrada a turistas españoles por reciprocidad


Para entrar hace falta reserva de hotel o carta de invitación de algún nacional, ante notario. También hay que disponer de unos 80 euros al día. El país aplica estos criterios en reciprocidad al trato a sus ciudadanos cuando llegan a España.

Desde hace más de cuatro años los turistas brasileños y su Gobierno se quejan de que España tiene unas condiciones de entrada tan duras en la frontera que muchos nacionales que vienen a ver a familiares, o de visita, o a estudiar —incluso con matrícula pagada en un máster o doctorado—, son devueltos a Brasil de forma arbitraria. El país sudamericano ha decidido, finalmente, aplicar las reglas de reciprocidad y exigir a los españoles exactamente los mismos requisitos que España pide a sus nacionales para poder entrar. Desde ayer, aquellos que quieran viajar a Brasil de turismo tienen que enseñar el billete de vuelta y acreditar medios económicos suficientes para su estancia (unos 80 euros al día) y una reserva de hotel o, en su defecto, una carta de invitación firmada ante notario brasileño por algún nacional que se haga responsable de que el turista va a estar alojado en su casa y que, cuando acabe las vacaciones, regresará a España sin demora. Lo mismo que tiene que hacer el brasileño que viene a nuestro país.

Los turistas brasileños se quejan especialmente de algunos requisitos, como la carta de invitación, que exige al que la suscribe aportar múltiples datos, como la nómina o un certificado de residencia. Y se quejan también de que, cuando llegan a España, nunca pueden estar seguros de si lo que traen le va a resultar suficiente al funcionario de turno. El último caso, ampliamente difundido en los medios de comunicación brasileños, ha sido el de una mujer de 77 años, Dionisia Rosa da Silva, que permaneció tres días en Barajas por no disponer de carta de invitación cuando venía a ver a su hija y a su yerno. La anciana se convirtió en el último gran icono de la ola antiespañola que crece al ritmo que regresan los brasileños rechazados en Barajas. Las autoridades españolas aclararon que en este caso fue determinante el hecho de que su hija y su yerno vivieran en España en situación irregular, pero ni esto pudo acallar a la prensa brasileña, que convirtió en caso en un episodio más del rifirrafe entre Brasil y España.

El malestar existente ha provocado numerosas protestas públicas en los últimos años. Aparte de múltiples gestiones diplomáticas entre ambos países, mandos policiales españoles han viajado al país para tratar de calmar los ánimos, explicar los requisitos que se exigen en la frontera e intentar convencer a los brasileños de que son sencillos y exactamente los mismos que los que se piden a países como Venezuela o Argentina —país cuyos nacionales también han presentado alguna airada queja por el trato recibido en Barajas—. El último en hacerlo ha sido el comisario general de Extranjería nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que viajó recientemente a Brasil y trató, entre otras, esta cuestión.

A pesar de las gestiones, Brasil se ha decidido al final por aplicar la regla de la reciprocidad: mientras España exija cartas de invitación y reservas de hotel, Brasil hará lo mismo. Es una política habitual. Su Gobierno también exige a los nacionales de EEUU, Canadá o México, por ejemplo, las mismas condiciones que estos países piden a los brasileños para entrar.

La medida del Ejecutivo brasileño fue anunciada a principios del pasado febrero. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Patriota, en una entrevista concedida a este diario, expresó en esos días “la seria preocupación” de su Gobierno por este tema y advirtió: “Si nosotros empezáramos a exigir lo mismo a los españoles, les pondríamos serias dificultades para entrar en Brasil”. El ministro aseguró que en España se producían “situaciones arbitrarias” que afectaban a “personas que tienen la documentación en regla y que son llevadas a una sala aparte del aeropuerto para ser investigadas por la policía”. “Por ejemplo”, añadía, “tienen que demostrar que su tarjeta de crédito tiene un límite, que están en posesión de un seguro de salud, que tienen reserva de hotel y que pueden pagar la factura de la estancia”.

El Ministerio del Interior español siempre ha aducido la misma explicación: los requisitos que se exigen a los brasileños, que no requieren de visado para entrar en España. Son los que vienen determinados por los países que pertenecen al espacio Schengen, y que España aplica con rigor. No es esa, sin embargo, la percepción de los brasileños, que consideran que tienen muchos más problemas cuando tratan de entrar en España que cuando lo hacen en otros Estados del espacio Schengen y, señalan, además, que en el caso español todo depende mucho del funcionario concreto que esté en ese momento verificando los requisitos de entrada.

jueves, 26 de enero de 2012

El fiscal y Garzón exigen la nulidad de la “insólita” instrucción de Varela


Durísimo informe de la fiscalía contra la acusación admitida a Manos Limpias


El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas y el abogado del juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, convirtieron ayer la primera sesión del juicio sobre la Memoria Histórica en una descalificación global de la instrucción del juez instructor, Luciano Varela, que Navajas tachó de “insólita e insostenible” y Martínez-Fresneda aseguró que había tenido “efectos devastadores”.

Garzón compareció ayer por segunda semana consecutiva ante el Tribunal Supremo para ser juzgado, esta vez por haber investigado los crímenes del franquismo, causa por la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias pide para él 20 años de inhabilitación. En el Salón de Plenos del Supremo, abarrotado de seguidores del juez, se sentaron observadores internacionales de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas, así como abogados de organizaciones de la Memoria Histórica que presentaron las denuncias que Garzón decidió investigar.

La sesión inicial se dedicó al planteamiento de las cuestiones previas, que, de ser aceptadas, evitarán la continuación del proceso. La más extensamente expuesta, tanto por el fiscal como por la defensa, fue la nulidad de actuaciones que se derivaría de la actuación del juez del Supremo Luciano Varela, al haber dado instrucciones a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS sobre la forma de presentar sus escritos de acusación.

Según Martínez Fresneda, ninguno de los escritos presentados inicialmente por los acusadores cumplía las mínimas exigencias legales, por lo que debieron ser rechazados y el procedimiento debió archivarse. “Lo que procedía era declararlos nulos”, señaló el abogado, pero el instructor optó por concederles un nuevo trámite para que presentaran otro escrito. “No hay precepto legal ni antecedente jurisprudencial” de esa actuación, agregó Martínez-Fresneda.

Falange no presentó a tiempo el nuevo escrito que le había pedido Varela y fue expulsada del procedimiento. Pero Manos Limpias, aún después de eliminar 55 folios de su escrito inicial, “copió textualmente párrafos enteros” del auto de 3 de febrero de 2010 dictado por el instructor, además de incluir, a requerimiento de Varela, que Garzón actuó “a sabiendas” de que su actuación era injusta.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Otras partidas no incluidas en el presupuesto de la Casa del Rey


La Casa Real cuenta con otros ingresos para sus actividades y el mantenimiento de su patrimonio

Los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente una cantidad, congelada desde 2008 en 8.434.280 millones de euros, para el "sostenimiento" de la Familia y la Casa del Rey, que según establece la Constitución, el Rey "distribuye libremente" y hoy ha dado a conocer. A esa cifra habría que sumar otras cantidades distribuidas en otros capítulos presupuestarios, según un artículo de Soledad Gallego-Díaz de 2007.
Apoyo a la gestión administrativa

A esos 8,4 millones de euros habría que sumar, como mínimo, otros 5,9 millones que figuraron en 2007 en la sección del Ministerio de Administraciones Públicas bajo el epígrafe "Apoyo a la gestión administrativa de la jefatura del Estado", y que se destinan al pago de los salarios de buena parte de los empleados de la Casa Real (entonces, 137 de plantilla).

Bienes inmuebles

La familia real española, que procede del exilio, no dispone de propiedades inmuebles ni de terrenos. En su momento, todas las propiedades reales y su mantenimiento pasaron a Patrimonio Nacional. Por lo tanto, ni los cuidados ni el servicio del palacio de la Zarzuela y su predio; ni de la casa en la que habita el príncipe de Asturias; ni el palacio de la Almudaina, con sus jardines, en Palma de Mallorca, en el que la familia real suele pasar su veraneo, se financian con la partida de los presupuestos. Todos esos edificios, como el Palacio Real, El Escorial, La Granja, el palacio del Pardo o el de Riofrío son propiedad de Patrimonio Nacional, que tiene su propio presupuesto (140 millones de euros) para hacer frente a esos gastos. Patrimonio no desglosa su presupuesto según cada palacio, así que no es posible calcular el coste del mantenimiento de los que usan en la actualidad el Rey y su familia.

Vehículos

Es el Parque Móvil del Estado el que se hace cargo del mantenimiento de los distintos automóviles que utiliza el Rey, pero no ofrece ningún desglose de sus gastos, por lo que no es posible calcular qué pequeña parte de su presupuesto (52 millones de euros en 2007) está destinada a la Casa Real. Tanto el Rey como la Reina, los príncipes de Asturias y las infantas disponen de coches de propiedad particular, pero, en ese caso, pagan de su bolsillo los gastos de seguro y mantenimiento.

Viajes

Es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien se hace cargo de los gastos derivados de los viajes de Estado que realiza el Rey o su familia.

Personal de Defensa

De los 8,6 millones que recibe la Casa Real salen buena parte de los sueldos de los altos cargos de la Casa. Los salarios del jefe del Cuarto Militar (un teniente general) y los ayudantes (con categoría de teniente coronel para el Rey y de comandante para el Príncipe) los abona el Ministerio de Defensa.

sábado, 17 de diciembre de 2011

La Casa del Rey intentó en 2007 poner en orden los negocios de Urdangarin


En 2007 contactó con un bufete catalán para estudiar la creación de una fundación. La Corona actuó tras las iniciativas del Parlamento balear sobre el duque de Palma



La Casa del Rey contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán Bergós para “poner en orden” las actividades de Iñaki Urdangarin, que para entonces facturaba varios millones de euros a Administraciones públicas con sus empresas privadas y con el instituto sin ánimo de lucro que presidía. Un juzgado de Palma investiga desde agosto pasado a Urdangarin en relación con una supuesta malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.

La Corona pidió al bufete de abogados que estudiara la situación de las actividades del duque y los juristas recomendaron la posibilidad de englobarlas bajo la cobertura de una fundación, al igual que el resto de los miembros de la familia real, según fuentes de la investigación.

La iniciativa de la Casa del Rey surgió como consecuencia de las primeras preguntas que la oposición al Gobierno de Jaume Matas formuló en el Parlamento balear a cuenta de los eventos que organizaba Urdangarin para esa comunidad autónoma.

El duque de Palma logró dos contratos por 2,3 millones de euros para organizar congresos sobre turismo y deporte en las islas. Lo hizo como presidente de Nóos, un instituto sin ánimo de lucro que desviaba el dinero público conseguido del Gobierno balear hacia empresas privadas con ánimo de lucro propiedad del propio Urdangarin.

El yerno del Rey abandonó el instituto Nóos en junio de 2006. Su esposa, la infanta Cristina, también formaba parte de la junta directiva como vocal, puesto que dejó en la misma fecha. Solo unos meses después, la Casa del Rey intentó poner en orden todo el conglomerado empresarial creado por Urdangarin, que dejó de visitar instituciones para lograr contratos.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Toni Cantó renuncia a que el Congreso le pague Internet en casa y dietas de alojamiento




El diputado electo de UPyD por Valencia, el actor Toni Cantó, ha anunciado su decisión de no aceptar que el Congreso le pague la conexión ADSL a Internet en su domicilio ni los gastos de alojamiento en Madrid, además de rechazar acogerse a la pensión complementaria que contempla el plan de previsión social para parlamentarios.

Cuando se incorporan al Congreso, los diputados reciben un 'kit tecnológico' que incluye un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet, y este año una tableta iPad en lugar del ordenador portátil que tenían antes.

Además, los diputados son inscritos en un programa de Previsión Social para parlamentarios según el cual el Congreso contrata un plan de pensiones donde ingresa mensualmente el equivalente al 10% de su sueldo base (asignación constitucional) con idea de que, cuando se jubilen, obtengan un complemento de pensión.

1.800 euros para los de fuera de Madrid

Igualmente, y además de su sueldo base, los diputados reciben una indemnización mensual para pagarse los gastos de manutención y alojamiento mientras estén en la capital. Dicha cantidad ronda los 875 euros para diputados de Madrid y es de algo más de 1.800 euros para los demás. Se les abonan aparte los gastos de transporte público (avión, tren o barco) y se les facilita un bono de taxi por valor de 3.000 euros anuales.

A través de su cuenta de Twitter, Toni Cantó ha anunciado que renuncia a parte de estas prerrogativas reservadas a los parlamentarios. En concreto, ha citado la conexión a Internet en su domicilio (no ha mencionado el iPad ni el teléfono), el complemento de pensión y los gastos de alojamiento en Madrid.

"Renuncio al ADSL en casa, al plan privado de pensiones y a la parte del sueldo que me corresponde para gastos de hotel en Madrid", ha escrito en un mensaje. Después ha precisado que, como no puede renunciar exactamente a la cantidad específica por gastos de alojamiento, lo que hará será donar su equivalente a la Casa de Caridad de Valencia.

El número dos de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ya había anunciado que sus diputados no aceptarán lo que consideran "privilegios" derivados del hecho de ser parlamentarios.