En 2007 contactó con un bufete catalán para estudiar la creación de una fundación. La Corona actuó tras las iniciativas del Parlamento balear sobre el duque de Palma
La Casa del Rey contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán Bergós para “poner en orden” las actividades de Iñaki Urdangarin, que para entonces facturaba varios millones de euros a Administraciones públicas con sus empresas privadas y con el instituto sin ánimo de lucro que presidía. Un juzgado de Palma investiga desde agosto pasado a Urdangarin en relación con una supuesta malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.
La Corona pidió al bufete de abogados que estudiara la situación de las actividades del duque y los juristas recomendaron la posibilidad de englobarlas bajo la cobertura de una fundación, al igual que el resto de los miembros de la familia real, según fuentes de la investigación.
La iniciativa de la Casa del Rey surgió como consecuencia de las primeras preguntas que la oposición al Gobierno de Jaume Matas formuló en el Parlamento balear a cuenta de los eventos que organizaba Urdangarin para esa comunidad autónoma.
El duque de Palma logró dos contratos por 2,3 millones de euros para organizar congresos sobre turismo y deporte en las islas. Lo hizo como presidente de Nóos, un instituto sin ánimo de lucro que desviaba el dinero público conseguido del Gobierno balear hacia empresas privadas con ánimo de lucro propiedad del propio Urdangarin.
El yerno del Rey abandonó el instituto Nóos en junio de 2006. Su esposa, la infanta Cristina, también formaba parte de la junta directiva como vocal, puesto que dejó en la misma fecha. Solo unos meses después, la Casa del Rey intentó poner en orden todo el conglomerado empresarial creado por Urdangarin, que dejó de visitar instituciones para lograr contratos.
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