Los responsables de perseguir el fraude creen que la medida “deslegitima al Estado”. El PSOE ha encargado un estudio jurídico para averiguar si cumple la Ley Fundamental
La amnistía fiscal que ha anunciado el Gobierno para que los particulares o empresas que hayan defraudado a Hacienda puedan blanquear su dinero negro, sacarlo a la luz, sin sufrir ningún castigo —pagando solo un gravamen simbólico del 10%, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— es “éticamente impresentable”, un “atentado contra el Estado de derecho” y, además, “contrario a la Constitución”. Lo dice la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que, según su portavoz, agrupa al 95% de los 1.500 inspectores de España.
El cuerpo de funcionarios responsable de perseguir el fraude —integrado también por más de 8.000 técnicos y subinspectores— teme que la amnistía fiscal —“regularización extraordinaria”, en expresión del Gobierno— debilite su trabajo y provoque un “derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario”. La campaña de la renta empieza este mes.
El artículo 31 de la Constitución dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Eso va radicalmente en contra de una política fiscal que “a los que pagan impuestos, se los sube” y, “a los que no, se los perdona”, sostiene la IHE en una nota. “La amnistía deslegitima al Estado a la hora de cobrar los impuestos. ¿Con qué cara vamos a ir nosotros ahora a reclamar a un ciudadano que no ha declarado una colaboración a una revista, o cualquier pago, cuando se está aprobando un perdón legal a los grandes defraudadores?”, inquiere un portavoz de la asociación. El PSOE también ha encargado un estudio jurídico para averiguar si la amnistía es constitucional.
Esta no es la primera amnistía fiscal que se aprueba en España. Antes, ya con la Constitución en vigor, hubo otras dos: en 1984 y 1991, ambas bajo Gobierno del socialista Felipe González. Desde la asociación de inspectores admiten que “no hay una diferencia fundamental entre aquellas dos amnistías y la de ahora”, aunque la del PP, aseguran, es “más brutalmente explícita, más clara”.
El PSOE argumenta, por su parte, que en aquel momento no existía la Agencia Tributaria (se creó en 1992) y se estaban poniendo las bases de “importantes cambios normativos y organizativos tributarios que aconsejaban que los ciudadanos pudiesen ponerse al día”. Aquello fue un “mensaje contundente de última oportunidad” para los defraudadores antes de instaurar el moderno sistema fiscal español, señalan fuentes del PSOE. La amnistía del PP en 2012 es “una medida muy injusta que roza lo inmoral”, dijo ayer Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido. “Son momentos diferentes. Con la creación de la Agencia Tributaria se puso el contador a cero”, alegó.
Hace dos años, en 2010, Hacienda fue informada por Francia de la existencia de cientos de cuentas opacas de españoles en el banco HSBC en Suiza. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero instó a sus titulares —incluido Emilio Botín, presidente del Banco Santander— a que regularizaran su situación. En ese caso, también hubo un trato de favor, que consistió en avisar a esos defraudadores para que hicieran una declaración a posteriori y eludir así otras sanciones y el castigo penal pagando un recargo, explican desde la IHE (aunque el caso de Botín sí acabó al final en los tribunales). “Pero al menos no se perdonaron impuestos. Ya entonces dijimos que aquello rozaba la amnistía fiscal, porque a nadie se le avisa de esas operaciones. Fue bochornoso, pero está claro que todo se puede superar...”, se lamenta el representante de la asociación.
Los inspectores preguntan también cómo se evitará que el Gobierno acabe blanqueando dinero del narcotráfico u otras actividades criminales —“aunque se exija que se aclare la procedencia del dinero, ¿se va a comprobar que lo que se dice es verdad?”—, y temen que haya incluso quien quiera acogerse a la amnistía haciendo pasar por dinero negro lo que no lo es, para pagar solo un 10%. “Dice el Gobierno que va a ingresar 2.500 millones. Pero los efectos negativos, a corto y a largo plazo, de una medida que infringe el principio rector de la fiscalidad en España, ¿cómo se computan?”.
Las Diputaciones vascas se niegan a aplicar el perdón a los defraudadores
PEDRO GOROSPE, BIBAO
No estaban obligadas a hacerlo, pero en tiempos de recaudaciones a la baja, podrían haber mirado para otro lado. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, del PNV, abanderó ayer la frontal oposición de los nacionalistas a aplicar la amnistía fiscal de Rajoy, que calificó de “eufemismo” para “blanquear capitales” de manera oficial.
Aunque la competencia exclusiva de las Diputaciones vascas para regular IRPF y Sociedades ha hecho que a veces adopten medidas al límite de la legalidad, como los pagarés forales en la década de los noventa, o las actuales sociedades de promoción de empresas (SPE), y la han sobrepasado claramente en otras, como las vacaciones fiscales —rebajas en el impuesto de sociedades consideradas ayudas ilegales de Estado por la UE—, Bilbao se negó ayer a perdonar a los defraudadores por motivos de “ética y conciencia”.
“No da igual” que su dinero “proceda de la droga, del tráfico de armas o del pelotazo inmobiliario. No vale todo”, dijo el diputado, pese a que extender la medida le podría haber supuesto a Euskadi unos 156 millones de euros, que salen de aplicar el 6,24% —el teórico peso que se atribuye a la economía vasca en el concierto nacional— de los 2.500 millones que estima recaudar Rajoy.
La negativa de las Diputaciones vascas se extiende a regularizar los beneficios de las filiales —ubicadas en paraísos fiscales— de empresas españolas en caso de que decidan repatriarlos, con un único pago del 8%.
La postura de Bilbao y del PNV cierra la puerta a que Bizkaia y Álava apliquen la medida. En Bizkaia el PNV tiene mayoría absoluta y, aunque en Álava gobierna el PP, lo hace en minoría, y sin el apoyo del PNV —el PSE también la rechaza— no puede aplicarla. En la Diputación de Gipuzkoa, la coalición abertzale Bildu, que gobierna con mayoría, tampoco la va a aplicar.
Con esta medida, el PNV se aleja del PP en Euskadi, pese a que ha sido su aliado en materia fiscal para frenar la reforma tributaria del lehendakari.
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