Prohibido todo

Una ola regulatoria recorre España - Madrid multa por alimentar a las palomas - Guadalix de la Sierra, por apostar en la calle - Hay normas que exceden el consenso sobre conductas reprochables

Uno de los recuerdos más vendidos en Singapur es una camiseta que tiene dibujadas todas las conductas que son multadas en esta ciudad estado. "No fumar, no comer chicle, no alimentar a los pájaros, no tirar basura, no escupir, no orinar, no coger flores", son algunos de los mensajes que aparecen bajo un símbolo de prohibido con una penalización de 1.000 dólares (732,6 euros). Los lugareños muestran con una mezcla de sorna y cierto orgullo una de las características de este singular país asiático: las numerosas restricciones en la vía pública. Lo que era tradicionalmente una peculiaridad ya no lo es tanto. Camisetas muy parecidas podrían venderse en muchos pueblos y ciudades españolas que en los últimos años han entrado a regular y penalizar conductas de lo más variopintas en la calle, desde jugar a las cartas apostando hasta sacudir la alfombra en el balcón o hacer ruido a la hora de la siesta. ¿Son necesarias tantas normas coercitivas?

Lo que antes estaba regulado por los usos y costumbres, lo que eran acuerdos tácitos entre vecinos para una buena convivencia, ahora son bandos explícitos de los Ayuntamientos. Esta ola reguladora, que puede tener como punto de partida la ordenanza de convivencia de Barcelona (un documento de 60 páginas aprobado en 2005), responde a diversas causas, según apuntan varios antropólogos y sociólogos: el mayor anonimato en las grandes ciudades; la falta de implicación con lo público; la inmigración, que trae a España a personas cuyos hábitos son muy distintos a los de los nativos. Pero las prohibiciones van en ocasiones más allá de los consensos sobre lo que son conductas socialmente reprochables. La de la Comunidad de Madrid, que multará con entre 300 y 1.500 euros a quienes alimenten a animales salvajes (como pueden ser las palomas) ha sido la última hace unos días. Pero se suma a otras muchas normas cívicas que diversas ciudades han ido aprobando en los últimos años.

Esta hiperregulación es contraproducente, en opinión del antropólogo Manuel Delgado. En este periódico ha escrito en varias ocasiones sobre la inutilidad de proclamar tan pormenorizadas normas de convivencia: "Se podría intuir que el llamado aumento del incivismo no es el resultado de un excesivo índice de libertad, sino todo lo contrario, de un aumento en los constreñimientos, de una desconfianza frontal ante cualquier apropiación del espacio público no fiscalizable o que no rindiera beneficios, y de la hostilidad contra las puestas en escena de los descontentos que toda sociedad no puede dejar de producir".

Aunque está asumido que es necesaria una regulación y un cierto control sobre los actos de la vida colectiva, lo ideal, al parecer del sociólogo Jorge López, es que esta regulación se produzca a partir de "la propia responsabilización de los ciudadanos, sin necesidad de imponer normas ni sanciones". "Por otro lado, es absurdo intentar regular con normas lo que deberían ser conductas asumidas espontáneamente, ya que las que no se perciben como propias generan muchos efectos perversos. No se cumplen si no existe una autoridad externa que las sancione. Así, si no se da un proceso de educación paralelo que facilite la asunción de las normas, en el momento en que el mecanismo de castigo no está presente, se incumple", relata.

La complejidad social creciente, sin embargo, hace necesario regular la interacción de los ciudadanos, en opinión de la catedrática en Sociología Marina Subirats. Ella era concejal del Ayuntamiento de Barcelona cuando se preparaba la ordenanza cívica, aunque salió del Consistorio por no estar de acuerdo con el resultado final. "Cada vez hay más libertad individual. El contexto inmediato controla menos que antes. En los pueblos, si salías a la calle y hacías algo diferente del resto, te criticaban, existía ese miedo al qué dirán. Esto era una forma de opresión fortísima, era peor una vecina que miraba por el balcón que cualquier multa. Ahora estamos en una sociedad mucho más libre que permite las variaciones individuales de conducta, con mucha menos presión del entorno, porque a los vecinos o no los conoces o te da igual lo que digan", asegura Subirats. Cree que las sanciones son en muchos casos necesarias, pero sin restar importancia a la información y a la pedagogía. "Es un doble juego: hay que explicar por qué una conducta está mal y, si se persiste en ella, multar". Pone un ejemplo que le resultó muy adecuado en los parques nacionales de Estados Unidos: "Allí ves una pequeña planta y en un cartel se explica lo difícil que le ha sido crecer en un desierto y el valor biológico que tiene. A continuación añade que quien la arranque pagará tantos dólares".

Muchos Ayuntamientos tratan de ser pedagógicos de las formas más variopintas. El de Segovia remitió hace unos años cartas a todos los perros censados explicando la importancia de que fuesen atados y de que sus dueños recojan sus excrementos. El de Teruel repartió camisetas con normas cívicas en las últimas fiestas. El de Cornellá puso a pasear por el municipio a 12 educadores recordando a los ciudadanos normativas respecto al uso de adecuado de las papeleras, de los contenedores o la limpieza de los parques. En Ibiza se repartieron en verano 12.000 folletos entre turistas y hosteleros en los que se les recordaba que está prohibido ensuciar, manchar o romper cualquier elemento público, beber alcohol fuera de los espacios permitidos, ofrecer o solicitar servicios sexuales en la calle, la venta ambulante de alimentos, bebidas u otros productos en lugares públicos y cualquier acto molesto que no permita el descanso de los vecinos.

El problema es que este intento de educar a los adultos puede llegar tarde. La base, según Victoria Cardona, experta en educación familiar que recientemente ha publicado un libro sobre el tema (Un extraño en casa), es lo que los futuros ciudadanos interiorizan cuando son niños. "Los hijos aprenden por lo que ven. Ellos dejarán limpio su barrio, su ciudad, su entorno si ven que sus padres lo hacen y lo harán con libertad, sin que nadie les tenga que obligar. Un testimonio vale más que mil y una normas escritas", asegura.

Cuando ya es tarde, los Ayuntamientos buscan la solución a base de sanciones. También sucede que han llegado a España muchos inmigrantes que no tienen necesariamente las mismas pautas de comportamiento que sus vecinos. Mikel Aranburu, antropólogo de la Universidad de Barcelona, advierte de que no se puede generalizar, ya que mientras unos colectivos son muy visibles, otros pasan completamente desapercibidos. Sin embargo, la mayoría procede de países donde el espacio público está políticamente restringido, pero socialmente más abierto. "En muchos de ellos se puede organizar una celebración familiar en la calle (una boda o un funeral, por ejemplo) sin pedir permiso. En general hay una autorregulación social de la participación en el espacio público, que se construye a partir del principio de una mayor tolerancia frente a las apropiaciones de este. En cambio, en los países europeos existe una mayor intolerancia frente a estos usos privados y, podríamos decir, invasivos del espacio público, aunque sean efímeros", escribía en un artículo sobre civismo. En su opinión, que no haya conflicto es idealista e incluso negativo. "Es a partir del abordaje de conflicto donde se aprenden pautas. Esta hiperregulación hurta a los ciudadanos el resolver por sí mismos estas cuestiones, incluso de conflicto de unos con otros. La gente quiere vivir en un entorno absolutamente seguro con riesgo cero. Eso afecta a aspectos banales de convivencia en el espacio público", asegura.

Todas las normas desplegadas por los municipios también tienen una vertiente legal. ¿Hasta qué punto deben regular lo que pueden o no pueden hacer sus ciudadanos? Antonio Embid, doctor en Derecho Administrativo y especialista en normas locales, asegura que está dentro del ámbito competencial de los Ayuntamientos regular las normas de convivencia. Pero tanto él como Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, matizan que hay aspectos de la vida en los que quizás los Consistorios vayan demasiado lejos, y que normas que regulan si las mujeres pueden o no llevar velo o burka por la calle deberían corresponder al Estado para que estuviese homologado en toda España. "Una ordenanza basta para los temas más cotidianos, pero creo que debe ser una ley la que regule asuntos que se han abordado desde el ámbito municipal como impedir a los vagabundos que estén en la calle, el burka o incluso la prostitución", explica García Roca.

Más cercano que Singapur, un buen referente sobre normas y conductas puede ser Suiza, uno de los paradigmas del civismo en todo el mundo. Allí la concienciación sobre determinadas conductas respetuosas con los demás es enorme, pero también hay un catálogo de normas regulatorias. Son especialmente severos, por ejemplo, con los radares de tráfico. Pero funciona el doble juego del que hablaba Marina Subirats. En Berna, por ejemplo, si un policía ve a alguien arrojando basura al suelo o dejando los excrementos de su perro le amonesta para que lo recoja y solo procede a multarlo si no lo hace.

Todo lo relacionado con animales se está restringiendo y regulando cada vez más en España. En el país helvético su espacio no está tan acotado. Es más que frecuente encontrar perros en restaurantes, centros comerciales o transportes públicos, donde tienen incluso un billete especial. Sin embargo, están muy mal vistos los perros maleducados que alteran la convivencia con los humanos. La mayoría de los suizos dan por supuesto que quien tiene una mascota la ha educado y es capaz de hacerla vivir en sociedad. Por eso no les hacen falta normas que les prohíban estar sueltas o entrar en cualquier espacio público.
Normas de convivencia

- Madrid. La Comunidad aprobó la semana pasada un proyecto de ley sobre protección animal. Establece como falta leve, con multas de entre 300 y 1.500 euros (hasta ahora entre 30 y 1.200), alimentar animales vagabundos o salvajes como pueden ser las palomas de los parques; ejercer la mendicidad con ellos y no informar sobre su pérdida o muerte.

- Barcelona. En 2005 aprobó un exhaustivo reglamento que establecía multas por ejercer la prostitución en la calle, la mendicidad o hacer juegos de azar. Pero no incluyó nada sobre la vestimenta, algo que ha regulado este mismo año. El Ayuntamiento ha añadido a la ordenanza de civismo sanciones para quien vaya desnudo por la calle y, también, a quien solo lleve un bañador o biquini fuera de los paseos marítimos. Solo serán impuestas si el ciudadano, advertido por la policía, no hace caso.

- Guadalix de la Sierra. Este municipio de 2.500 habitantes aprobó este verano una ordenanza para evitar que las personas ocupen las calles. Hay multas de entre 750 y 3.000 euros. También prohíbe todas las conductas que alteren el sosiego de sus habitantes. "Salvo autorización municipal, está prohibido perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y peatones mediante el funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales o análogos, así como cantos, gritos, peleas o cualquier acto molesto", reza la norma. Tampoco están permitidos los juegos que, por su naturaleza, puedan causar "molestias" a los vecinos ni los que incluyan apuestas.

- Valle Gran Rey. Esta localidad de Santa Cruz de Tenerife aprobó en 2009 una ordenanza para regular conductas como el horario para tirar la basura o la forma de deshacerse de electrodomésticos. Incluye multas por poner a secar la ropa en los balcones o sacudir los felpudos desde la ventana.

- Marbella. La localidad malagueña aprobó en 2008 una normativa para que quienes rompan el mobiliario urbano o no recojan los excrementos de sus animales, entre otras actuaciones, puedan elegir voluntariamente entre pagar una sanción económica o trabajar en beneficio de la comunidad.

- Granada. El Ayuntamiento aprobó hace dos años una ordenanza para "mejorar la convivencia" que restringe conductas como "las prácticas sexuales en la vía pública". Uno de sus objetivos era erradicar la prostitución callejera; tanto clientes como meretrices pueden ser multados con hasta 3.000 euros.