El juez de la Audiencia Santiago Pedraz cree que existió un plan para evitar que se informara. El magistrado les imputa un delito contra la comunidad internacional y homicidio
El Ejército de EE UU urdió un plan para evitar que los numerosos medios internacionales con enviados especiales en Bagdad informaran sobre la toma de la capital iraquí. Y una de las tres víctimas mortales que provocó esa estrategia fue José Couso. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó ayer —por tercera vez, después de dos archivos revocados por el Tribunal Supremo— a los tres militares que ordenaron, autorizaron y efectuaron el disparo que acabó con la vida del cámara de Telecinco el 8 de abril de 2003 mientras tomaba imágenes de la llegada de las tropas estadounidenses desde un balcón del hotel Palestina. Pedraz imputa, además, a dos de sus superiores como ejecutores de esa táctica para amedrentar a los periodistas que cubrían el conflicto.
Los delitos que les atribuye el magistrado son un crimen contra la comunidad internacional al acabar con la vida de personas protegidas en caso de conflicto armado —Couso, como periodista, gozaba de esa protección—, el homicidio del camarógrafo español y otro de “amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar” a los redactores. Además del teniente coronel Philip de Camp, responsable del regimiento de blindados 64 de la tercera división de infantería acorazada, el capitán Philip Wolford, al mando de la unidad a la que pertenecía el tanque Abrams que disparó, y el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo, el juez imputa a dos de sus superiores.
Se trata de Buford Blount, máximo responsable de la tercera división de infantería, y el coronel David Perkins, que comandaba la segunda brigada de dicha división. Aunque Pedraz desconoce si ellos idearon la estrategia contra los medios, asegura que, teniendo en cuenta la cadena de mando, ambos tuvieron que ser los que ejecutaron ese plan sobre el terreno dando las órdenes necesarias para ello al teniente coronel De Camp. El juez solo los imputa (no los procesa) al entender que su posición jerárquica no es un indicio suficiente para ello.
Además de la vida de Couso, esa supuesta operación contra la prensa se cobró las del cámara de Reuters Taras Protsyuk —que grababa desde otro balcón del hotel Palestina— y la del periodista de Al Yasira Tarek Ayyoub, fallecido ese mismo día durante los ataques de los carros a la sede de la televisión catarí y a la de Abu Dhabi TV. “Primero se bombardean las sedes [de televisiones] árabes, luego los carros se colocan en el puente que se encuentra entre el hotel [Palestina] y tales sedes, se dispara a estas con gran precisión y a continuación se lanza un misil al hotel justo a la altura de las plantas donde se encontraban los dos periodistas que estaban filmando”, relata Pedraz.
Esos lugares, según el juez, eran los únicos en los que podía haber medios de comunicación. Pedraz también recuerda cómo la exsargento Adrienne Kinne, destinada en inteligencia militar, declaró en el programa de televisión Democracy Now del 13 de mayo de 2008 que recibió esos días un correo en el que se señalaba el hotel como objetivo militar, lo que la llevó a mostrar su extrañeza a sus superiores porque allí se alojaba la prensa. Basándose en su viaje a Bagdad del 28 de enero, en que visitó los escenarios del crimen, el magistrado asegura además que, desde el lugar del disparo, “con los elementos de visión del carro, se podía ver perfectamente” a las personas que estuvieran en el hotel, “incluidos los objetos que portaran”, lo que habría impedido a los militares que lo conducían confundir a Couso con un tirador enemigo.
El portavoz de la Embajada de EE UU en España, Jeffrey Galvin, insistió ayer en que los militares procesados “no son culpables” de la muerte de Couso y que solo actuaron “según las órdenes que tenían y de acuerdo con la situación en la que se encontraban”, informa Europa Press. Galvin aseguró que el Gobierno estadounidense “siempre se tomó este asunto con seriedad”, que investigó los hechos y compartió los resultados con el Ejecutivo español.
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