Una juez ve “ilegal” la actuación policial contra Megaupload

Para el Tribunal Superior de Nueva Zelanda, las órdenes de registro fueron irregulares 

 En el culebrón policiaco-cibernético inaugurado en enero con el cierre de la página de descargas presuntamente ilegales Megaupload, la juez neozelandesa Helen Winkelmann entró ayer con fuerza en la trama al declarar “no válidas” las órdenes de registro empleadas por la policía para entrar en la mansión del fundador de la web, Kim Schmitz, también conocido como Dotcom. Esos indicios se trasladaron FBI estadounidense. Dotcom nunca dio su consentimiento para ello. 

 “Las 70 órdenes usadas no describían de forma adecuada los delitos a los que se referían”, decreta la juez en su fallo. “Y es más, se quedaron muy cortas, ese tipo de permisos de allanamiento no pueden ser autorizados para el recogimiento de material irrelevante y por ello no son válidas”. 

 Winkelmann considera esta suficiente razón para devolver a Dotcom parte del material incautado, entre el que se encontraban 135 ordenadores y diferentes discos duros. 

 Como respuesta al fallo, la policía neozelandesa aseguró en un comunicado que están considerando la sentencia antes de anunciar qué medidas tomarán. 

 Para el Gobierno de Estados Unidos, este veredicto “no ha supuesto una sorpresa”, según ha asegurado un portavoz del Departamento de Justicia mediante un comunicado, en el que no se descarta la apelación de la sentencia. 

 Dotcom se encuentra en libertad condicional en Nueva Zelanda y se enfrenta a 13 cargos de infracción de derecho derechos de autor, así como de piratería online que le podrían acarrear hasta 20 años de cárcel. 

 El próximo 20 de agosto será sometido a una vista de extradición a EE UU. Mientras los fiscales aseguraron entonces que el cabecilla del grupo amasó una fortuna de 175 millones de dólares (unos 130 millones de euros) desde 2005 copiando y distribuyendo archivos de música y películas, los defensores alegaron que la página se limitaba a servir de almacén online. 

 A Megaupload se le atribuye haber causado más de 500 millones de dólares (404 millones de euros) en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares (142 millones de euros).